Sanidade eludió el control legal en el pago a la promotora de la sede del PP

La auditoría que en febrero de 2006 debería validar la legalidad y transparencia de la compra de la sede de la fundación pública Fegas, según el PP, apunta en sentido contrario. La documentación que el conselleiro Alfonso Rueda entregó al Parlamento el pasado martes revela que, en efecto, el bipartito intentó sin éxito anular un contrato que comprometía sus presupuestos hasta 2009. Pero el informe de PriceWaterhouse no pasa por alto las "irregularidades" que presidieron la compra del inmueble, que se efectuó no sólo sin la preceptiva autorización de la Intervención Xeral de la Xunta, sino incluso entre advertencias de incumplimiento de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia.

La Fegas ocultó compromisos de gasto y no aprobó un plan plurianual

Del informe se desprende que el sobreprecio de un millón de euros que pagó la fundación del Sergas en 2003 no es la única irregularidad que presidió la compra de su sede, que la oposición sospecha que sirvió para sufragar el local del Partido Popular. Mientras Fegas y PP sellaban sus acuerdos con un mismo promotor, el que se benefició del millón de euros adicionales, la fundación mantenía un tenso tira y afloja con la Intervención Xeral, que alertó de la inexistencia de un plan plurianual que sustentase el contrato, con obligaciones hasta 2009. El Fegas hizo caso omiso y elevó a público el acuerdo.

Esas son básicamente las incidencias que, desde la perspectiva de la tramitación del expediente, presidieron la compra de la sede del Sergas, y que la auditoría tacha de "errores, deficiencias e irregularidades". Aunque no encuentran motivos para anular el contrato, los auditores alertan de "las responsabilidades contables" en que pudo incurrir la fundación, ante "la ausencia de tramitación del gasto indicada por la Intervención Xeral". De acuerdo con el informe, la Fegas ocultó primero a Economía la existencia de opciones de compra y desoyó después la advertencia de que estaba comprometiendo un gasto por más tiempo del autorizado por la ley.

La fundación de la Consellería de Sanidade remitió la documentación relativa a la compra el 7 de marzo de 2003, sólo cinco días antes de que el director de la Fegas, Javier Bouzada, y los responsables de la Sociedad Civil San Lázaro firmaran ante notario la primera versión del contrato. En esa comunicación "no se hace referencia al coste de las opciones de compra", según recoge el informe. La información remitida a Economía citaba entre las ventajas de la opción elegida -un sistema mixto de adquisición y arrendamiento con opción de compra- la de favorecer una "adquisición inmediata" de parte de los locales en el año 2003 y un alquiler del resto, "sin mencionar en ningún momento la existencia de una opción de compra".

El 18 de marzo, la Fegas recibe un requerimiento de la Intervención Xeral en el que le solicita información respecto a "la verdadera naturaleza de la operación", con la remisión de los pliegos de condiciones y la explicación de la financiación de capital adicional. La fundación sanitaria contesta con una copia del pliego que rigió el concurso, al que sólo se presentó San Lázaro, promotor también de la anexa sede del PP, y de la modificación de presupuesto que permitió pagar al contado parte del precio.

El intercambio de oficios entre Fegas e Intervención concluye con una comunicación de Economía, en la que se deduce que "la verdadera naturaleza de la operación es una compra de inmovilizado con pago aplazado". La Intervención avisa de que la fundación "no tiene autorizada la operación de endeudamiento" para el primer ejercicio, el de 2003, por lo que debe pasar por el Consello de la Xunta.

Otra de las advertencias hace referencia al período de adjudicación de seis años, hasta 2009, "con la consiguiente asunción de obligaciones para los ejercicios futuros". Esa planificación "sólo tiene acogida" en un programa de financiación plurianual del que carece el expediente. La contratación "excede el número máximo de anualidades permitido" por la Ley de Régimen Financiero, avisó la Intervención Xeral, que alertó de la necesidad de seguir el procedimiento de autorización con carácter previo al expediente del gasto.