Millet y compañía
A veces los autos judiciales, generalmente dictados, compensan lo torturado de la prosa con alguna chispa de espontánea franqueza más propia del lenguaje oral. En el de Garzón sobre el caso Pretoria, se justifica la decisión de prisión incondicional de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta porque, si bien por su edad y arraigo no existe riesgo de fuga, "de quedar en libertad continuarían en la misma dinámica". No se precisa en cuál, pero pocas líneas antes se dice de ambos que desplegaron "una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público" a fin de percibir las comisiones correspondientes. Casi insinúa que lo hacen por inclinación compulsiva a ganar dinero.
En todo caso, es llamativo que quienes fueron respectivamente mano derecha de Pujol y su consejero de Industria y luego de Economía entre 1987 y 1997 (época en la que el propio Pujol contraponía la economía "real, productiva", que su Gobierno impulsaba, a la ficticia y especulativa de otros lares), hayan acabado dedicando sus afanes a (presuntamente) actividades tan alejadas de ese ideal.
La distancia entre el discurso y los hechos, entre la apariencia de respetabilidad y los comportamientos turbios, es lo que ha dado un relieve especial a este caso que, además, llueve sobre el suelo mojado del otro que estos días avergüenza a muchos catalanes: el saqueo del Palau de la Música. La semana pasada se ha conocido el informe pericial que desmenuza las diversas vías por las que su ex presidente, Fèlix Millet, desvió un mínimo de 31 millones de euros de la venerable institución cultural a sus bolsillos. Cheques que no llegan a su destino, incentivos añadidos al sueldo, facturas a favor de empresas propias; pero, sobre todo, disponibilidad de los fondos de la institución para gastos personales: pagar viajes, reformas en sus casas y hasta las bodas de sus hijas.
Con el estrambote genial de que, tras cargar los 81.000 euros de una de las bodas a la Fundació del Palau, pasó una factura por la mitad de ese importe a su consuegro. Comportamiento que casi parece diseñado preventivamente por su abogado para poder alegar en su momento que se trata de un caso clínico de cleptomanía que requiere tratamiento y no cárcel.
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