Televisión de pago a cambio de paz

La asamblea del cabreo, la llaman los clubes; la de la frustración, quizás sería más apropiado. O la del chantaje. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha convocado para hoy, con urgencia, a representantes de los 42 equipos de fútbol de Primera y Segunda División para estudiar de qué manera reaccionan al final de la ley Beckham, que le permitía tributar a Hacienda sólo un 24%, en vez del 43% de los demás ciudadanos, por los salarios superiores a los 600.000 euros de sus figuras extranjeras.

En el orden del día, tres puntos: Hacienda, Ley General Audiovisual y comisión nacional de competencia. Tres debates distintos y un solo dios verdadero: la obligación del Gobierno de consagrar el estatus especial del fútbol y su Liga, una de las principales industrias del país. Una industria que, según datos del sector, mantiene un endeudamiento cercano a los 4.000 millones de euros.

Los clubes creen que el valor televisivo de la Liga alcanzaría los valores de la 'Premier'

Los jugadores nacionales apoyan el fin de los privilegios para los extranjeros

En 2003, el quid pro quo que apaciguó a los clubes, incendiados por una catarata de inspecciones de Hacienda que sacaron a la luz fraudes vía derechos de imagen y otras artimañas por valor de más de 600 millones de euros, fue precisamente la ley Beckham. La deuda ha crecido moderadamente (627 millones), pero no se ha disparado. Todo lo más, según fuentes de Hacienda, varios clubes han negociado aplazar los pagos del IVA y la Seguridad Social.

En 2009, el mensaje de la media docena de clubes más fuertes, los más afectados por la reforma fiscal, los más decididos a plantear un cierre patronal durante algunas jornadas, es que se puede aceptar el fin de la ley del 24% a cambio del fin de la norma del llamado catálogo de eventos de interés general -caso único en Europa- que obliga a dar un partido de la Liga en abierto todas las semanas, y que el proyecto de la nueva Ley General Audiovisual, actualmente en el Congreso, sanciona. Consideran los clubes que el actual valor televisivo de la Liga -550 millones de euros el contrato de esta temporada, divididos de forma ponderada entre los 20 equipos de Primera- alcanzaría valores similares a la Premier inglesa -el último contrato firmado con Sky para el trienio 2010-2013 es de 2.000 millones- si se permitiera, como en el Reino Unido, que todos los partidos se emitieran en canales de pago, lo que no deja de ser un ejercicio voluntarioso: en Italia, donde rige también el modelo inglés, todo de pago, Sky abona este año 571 millones de euros, una cantidad no muy superior al contrato español. En Italia e Inglaterra la negociación de los derechos se efectúa de forma colectiva, tal como el informe de la comisión de la competencia, tercer punto del orden del día hoy, recomienda para España, lo que también ha inflamado los ánimos de algunos clubes.

"Y lo que más nos molesta es que el fútbol, el sector más afectado por estas leyes, no ha sido consultado", se lamenta un dirigente. Sin embargo, desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), ya se abrieron vías de negociación sobre el partido en abierto en las últimas semanas y el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán, ya había empezado a entablar contactos con los ponentes de los diferentes grupos parlamentarios sobre la ley audiovisual.

Mientras la sociedad española en general ha aplaudido el fin de los privilegios de los futbolistas, tal unanimidad a la hora de defenderlos no se observa entre los mismos clubes ni entre los jugadores. La asamblea, seguramente, volverá a vivir la división entre ricos, los más afectados, una minoría, y pobres, la mayoría, a los que no trastoca los presupuestos. Ese hecho, y la constatación de que un cierre patronal no sería bien visto por la afición, dará como resultado, seguramente, una asamblea conflictiva y sin acuerdos fuertes.

La jornada sin fútbol se convocaría sin el apoyo de los futbolistas nacionales, que tanto a través de su sindicato como individualmente -ayer, Raúl- han mostrado su apoyo al fin de la ley Beckham, un reglamento que según sus clubes no les afecta -el lema es: ningún futbolista paga impuestos, se los paga el club-, pero que no dejan de ver injusto. De hecho, el presidente del CSD, Jaime Lissavetzky, recuerda que hace unas semanas varios jugadores internacionales se le acercaron para pedirle que se derogara la ley del 24%. "Y yo, por justicia, equidad y solidaridad, estoy a favor de que se derogue", dice Lissavetzky.