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Tribuna:

Cerrojazo informativo

DEFENSORA DEL LECTOR. El acceso a las fuentes informadas es cada vez más difícil. El aparato de comunicación institucional secuestra información que debería estar a disposición de los ciudadanos

Los lectores pueden dirigirse a la Defensora del Lector al correo electrónico defensora@elpais.es o telefonear al número 913 378 200.

"No sólo los políticos no aman a los periodistas. Los directores de corporaciones y grandes empresas, los gerentes de los grandes hospitales, entre otros, tampoco. Y lo peor es que los mismos dueños de los periódicos no aman a los periodistas y me temo que algunos periodistas de hoy tampoco aman al periodismo y los que lo aman, no lo defienden, con lo cual, la democracia se va por el pedregal". Éste es el escueto pero incisivo comentario que envía Montserrat López a propósito de mi artículo Políticos que no aman a los periodistas. Ella ha trabajado durante 20 años en un periódico de Barcelona y si he decidido comenzar este escrito con su reflexión es porque creo que ni Gracián hubiera sintetizado de manera más concisa un estado de opinión que, según el Libro Blanco de la Profesión Periodística, elaborado por el Colegio de Periodistas de Catalunya, comparten muchos profesionales.

El aparato de influencia se beneficia del periodismo perezoso o de trinchera

No es extraño, pues, que entre las cartas que he recibido a propósito de ese artículo las haya también de periodistas. Todas coinciden en rechazar unas prácticas que, como sostienen Carolina Alés Matas o Elena Lázaro Mateo, debilitan la democracia y desgastan la profesión. Pero también hay quienes, como Carlos Tomeo Escuin, director de Radioduende, piden una reflexión sobre la dificultad o incapacidad de los periodistas para reaccionar.

No me propongo, apreciados lectores, hacer un ejercicio de victimismo periodístico. En absoluto. En los escritos de Montserrat López y Carlos Tomeo hay una fuerte carga de autocrítica que comparto. Lo que me propongo es explicarles una serie de cambios que se están produciendo en el ecosistema mediático que creo que deben conocer, no porque dificulten el trabajo de los periodistas, sino porque afectan al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Me refiero, como les anuncié, a la relación con las fuentes informativas.

Lo que no sale en los medios no existe, al menos a efectos de agenda política, y participar en la vida pública exige posicionarse en lo que el sociólogo John B. Thompson define como "esfera pública mediática". La necesidad de gestionar la visibilidad pública ha llevado a todo tipo de instituciones, empresas y actores sociales a crear o contratar gabinetes de prensa. Ha surgido así un gran aparato de comunicación, externo a los medios, cuyo único objetivo es influir y, si pueden, condicionar los contenidos informativos. Son los intermediarios de los intermediarios y practican lo que se denomina periodismo de fuentes.

Ese aparato de influencia ha crecido en los últimos años de tal forma que ya hay, por ejemplo, muchos más periodistas trabajando en empresas, organismos, bancos e instituciones económicas, que periodistas encargados de informar sobre economía en los medios de comunicación. Lo mismo puede decirse de cualquier otro sector. El resultado es que los medios cada vez tienen más dificultades para decidir su propia agenda y cada vez son más prisioneros de la que trata de imponerles ese aparato de influencia.

En teoría, los gabinetes de prensa se han creado para ofrecer un mejor servicio a los periodistas y al público. Así es en muchos casos y es muy meritorio el esfuerzo que muchos realizan para mejorar la calidad de la información, particularmente los vinculados a la universidad, los centros de conocimiento o las entidades sociales. Pero en el ámbito de la política y de las instituciones públicas, lo que nació como un servicio se está convirtiendo en un mecanismo de control de la información, una barrera para el acceso a las fuentes y a los datos.

En general, la relación entre los gabinetes y los periodistas son plácidas en las informaciones neutras o de complacencia. El problema surge cuando la información es negativa o no encaja en la agenda diseñada en función de intereses propagandísticos.

Se dirá que la relación de los periodistas con las fuentes ha sido siempre difícil cuando se trata de recabar una información que les perjudica. Cierto. También que es normal que las fuentes perjudicadas traten de eludir la presión de los medios y que es obligación de los periodistas arreglárselas para pasar por encima de esas dificultades. Cierto también. Pero creo que superar esas dificultades requiere hoy algo más que una resistencia individual. Estamos ante un nuevo escenario en el que el control de la visibilidad pública se ejerce modulando el acceso a las fuentes informadas, secuestrando información de interés público y tratando de canalizar como información lo que sólo es propaganda. Y esta dinámica es sólo una consecuencia más de la creciente y agobiante partidización de la vida pública española. Cuando cambia un gobierno, sea central, autonómico o municipal, cambian en cascada no sólo los altos cargos de confianza política, sino muchos cargos de naturaleza técnica u organizativa.

Los responsables de los gabinetes de comunicación son, casi siempre, cargos de confianza política. Nada habría que objetar si no fuera porque el nombramiento de estos cargos se acompaña habitualmente de órdenes internas estrictas que prohíben a todos los miembros de la organización facilitar información o tener contacto con los medios de comunicación. La instrucción es que cualquier petición de un periodista se canalice siempre a través del gabinete de prensa, de modo que técnicos y cargos intermedios se arriesgan a represalias si aparecen como fuente de una información no controlada por su responsable de prensa. Y es cada vez más frecuente que cuando se facilita el acceso a un técnico o un cargo como fuente, esté el responsable de prensa fiscalizando la entrevista.

Poco a poco el cerco se ha ido estrechando. El resultado es un cerrojazo informativo como nunca lo habíamos conocido. Un apagón que afecta incluso a datos e informaciones que por su naturaleza, y por imperativo legal, deberían ser públicos y estar a disposición de cualquier ciudadano. No es sólo que los periodistas no puedan acceder a información relevante, como los contratos o concesiones de una administración. Tampoco pueden asegurar que los datos que ofrecen sobre listas de espera, seguimiento de una huelga, escolares en barracones o delitos cometidos se correspondan con la realidad.

La preeminencia de este aparato de influencia y control ha invertido la correlación de fuerzas. Ya no está el periodista en posición de poder exigir la información, sino el gabinete de comunicación en posición de concedérsela o denegársela. Y ello ha generado mecanismos perversos de relación. Los gabinetes tienen la llave de la información, y están en condiciones de canalizarla en forma de exclusivas que administran en función de criterios de afinidad o acatamiento. Lo cual contribuye, indirectamente, al atrincheramiento y etiquetaje político de los propios medios.

"El problema es que el periodismo tiene su propio frentismo partidista y social. Se puede leer una cosa en un periódico y la contraria en otro [sobre el mismo hecho]", apunta Carlos Tomeo. "Ya sé lo complicado que es ser ajeno a esa fuerza y ser independiente. (...) Ejercer nuestra profesión con inteligencia y no con seguidismo o baboseo; (...) saber distinguir el grano de la paja y describir la propaganda como propaganda. El político tiene su estrategia, pero el periodismo no está sabiendo encontrar la suya porque vive demasiado entregado a una inmediatez que le nubla".

Este aparato de influencia se beneficia, ciertamente, del periodismo perezoso, acomodaticio o de trinchera que a veces se practica. Pero incluso los medios que se esfuerzan por hacer su trabajo de forma rigurosa e independiente sufren consecuencias que acaban afectando a la calidad de la información. Un ejemplo claro es el recurso creciente a fuentes anónimas. Muchas veces las fuentes informadas temen represalias y piden anonimato. Pero el uso de fuentes anónimas aumenta el poder de discrecionalidad del periodista, resta credibilidad al medio, acentúa la apariencia de parcialidad y hurta a los lectores un dato básico para interpretar la información, la fuente de la que procede.

"En la universidad nos enseñan a desentrañar el juego de los gabinetes, para acabar luego haciéndonos eco sin crítica de lo que ellos quieren. Éste no es el periodismo que los que amamos la profesión queremos", escribe desde Sevilla Rocío Peña, estudiante de cuarto de Periodismo. Ése no es el periodismo que esperan lectores como José Luis Rojo, de Valladolid.

Ejercer un periodismo independiente requiere romper este tipo de nuevas y sutiles ataduras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de noviembre de 2009