El fiscal defiende la instrucción del 'caso Malaya' del ataque de los letrados

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, realizó ayer una encendida defensa de la instrucción del caso Malaya, la causa contra la corrupción en Marbella (Málaga), que llevó a cabo el magistrado Miguel Ángel Torres y que durante las últimas dos semanas ha sido atacada con crudeza por los abogados de los principales imputados. "El derecho procesal ha estado presente desde el primer momento de las actuaciones. Las defensas han interpuesto multitud de recursos que han tenido cabal respuesta de la Audiencia Provincial, se han presentado incluso querellas contra el instructor y contra mí que han sido todas desestimadas. (...) El derecho de defensa ha estado presente en todo momento, cuestión distinta es que se nos dé o no la razón", afirmó López Caballero con tono monocorde pero firme.

"El derecho de defensa ha estado presente en todo momento"

Con la intervención del fiscal y de las acusaciones particulares -Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía- se cerró ayer la vista de los recursos contra el primero de los tres autos de procesamiento del caso Malaya. Durante dos semanas, los abogados de 63 de los 103 imputados de la causa, empezando por el del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, han intentado que la Audiencia Provincial revoque el auto de procesamiento de julio de 2007, la última resolución del juez Torres en la causa antes de ser relevado por el actual instructor, Óscar Pérez.

La defensa de la instrucción, iniciada en noviembre de 2005 y que tuvo tres fases de detenciones -marzo, abril y junio de 2006- fue el principal argumento de López Caballero, que se cuidó mucho de desvelar su línea de acusación ante el futuro juicio, para el que todavía no hay fecha. El fiscal aseguró que el auto de procesamiento "aborda con claridad y precisión" numerosos "indicios racionales de criminalidad", y quitó importancia a la queja de los abogados de que el juez Torres hiciera "seguidismo" de los informes de la policía para dictar sus resoluciones. "Lo importante no es quién establece los indicios, sino si estos indicios existen", afirmó.

Para el fiscal, uno de los pilares de la investigación es el hallazgo de la contabilidad de la trama, que se encontró en manos del presunto contable de Roca, Salvador Gardoqui. "Descartar [como han hecho los abogados] la importancia del hallazgo de la contabilidad de una organización presuntamente delictiva es negar la realidad. Para una investigación de corrupción es una ganga contar con la contabilidad. Es irracional, ilógico e increíble que Roca pague a Gardoqui por inventarse una contabilidad falsa", afirmó López Caballero.

Un argumento repetido por las defensas del supuesto cerebro de la trama, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, y por casi todos los concejales marbellíes imputados, es que las iniciales escritas en los sobres con dinero negro hallados en la oficina de Roca en Marbella no corresponden a los ediles y pueden ser de multitud de personas distintas. "En la contabilidad de Roca hay una partida que se refiere al Ayuntamiento. La correspondencia de las iniciales con los nombre de los ediles es nítida y es indudable que los pagos se hacían en función de la responsabilidad que tenían los concejales", aseguró el acusador público.

El fiscal reprochó a los abogados haber "obviado" en su argumentación otros indicios de los pagos de Roca a los concejales para controlarlos, como las escuchas telefónicas practicadas, las referencias de las agendas del ex asesor o las citas de las secretarias de Roca. "Con eso se determinan los destinatarios de los pagos", afirmó. En la caja única de Roca, manejada por Gardoqui, se recibieron ingresos por 30 millones de euros. De ellos, cinco millones "se utilizaron para retribuir a autoridades del consistorio".