La morosidad del Consell colapsa a los contratistas

El vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, presumió ayer en la presentación de los Presupuestos de que el Gobierno valenciano es, de todos los de las autonomías de España, el que mejor y más pronto paga. Sin embargo, la Cámara de Contratistas y la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval) no comparten su entusiasmo y ayer pusieron el grito en el cielo.

El Gobierno valenciano no paga a los contratistas a causa de su falta de liquidez. La situación no es nueva, pero sí más grave cada día que pasa. El pasado mes de julio, tras varias reuniones y mucha presión por parte de la patronal, el Consell prometió a los contratistas varias fórmulas para que pudieran cobrar por las obras que están realizando (confirming, concesión de línea de avales, tesorería corporativa...), pero casi cuatro meses después no se han sustanciado.

Ayer ambas organizaciones criticaron que "la gran demora en los cobros de las obras dependientes de la Generalitat valenciana y sus empresas públicas está provocando un importante colapso financiero" en la delicada situación de sus empresas. A 31 de agosto habían desaparecido 600 empresas del sector y su industria auxiliar. Los problemas de la morosidad se unen al desplome de la licitación por parte del Consell del 80% entre 2007 y 2009, donde destaca la Consejería de Infraestructuras, cuya caída en el mismo período se sitúa en el 90%, lo que para los contratistas supone su desaparición como organismo inversor.

Idéntica percepción manifiestan respecto a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. La Administración central ha disminuido su licitación en la Comunidad Valenciana en un 65%, pero particularmente en la dirección general aludida. En base a esta caída, los contratistas prevén una disminución de la actividad del 50% en 2010, con una destrucción de 200.000 puestos de trabajo en un sector que, entre 2005 y 2007, movió 19.000 millones de euros al año y dio empleo directo a 300.000 trabajadores y a otros 150.000 de las empresas auxiliares.

Otro de los problemas sufridos por el sector por la falta de liquidez de la Administración es el retraso en la aprobación de los expedientes administrativos, que incrementan el plazo de ejecución con un aumento de los costes indirectos, dilatando aún más los cobros.

Las dos organizaciones emitieron ayer una nota conjunta para denunciar esta situación y reclamar medidas urgentes. Entre ellas, piden al Consell y al Gobierno central que parte de los presupuestos del plan Confianza y del Fondo Estatal de Inversión Local se destinen "a dotar de anualidades adecuadas, y de resolución de expedientes, de las obras en marcha, así como a reducir de forma significativa la deuda existente" con sus empresas.