Zapatero, Rajoy y nuestro G-20

El presidente del Gobierno central y los ministros acuden de forma regular a Bruselas para tomar decisiones y coordinar políticas. Nunca es sencillo, puesto que se trata de foros integrados por veintisiete actores políticos procedentes de países con culturas, tradiciones políticas y lenguas diferentes, representados además por jefes de Estado y de Gobierno o ministros que ocupan todo el espectro político, desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha, pasando por el pensamiento conservador o expresiones populistas predemocráticas. Se trata, por tanto, de veintisiete actores políticos muy diversos que son capaces de abordar cuestiones relevantes que afectan a sus respectivos países. Y acuerdan mediante un sistema de toma de decisiones que ha de basarse necesariamente en consensos. Un método de coordinación flexible y abierto para nuestro G-27 europeo que sin embargo funciona. El presidente del Gobierno acude también a las reuniones del G-20 para revisar cuestiones relevantes de la agenda global y para acordar líneas estratégicas que pueden comprometer y vincular a España.

Aquí se evidencia falta de voluntad y de cultura política entre los actores políticos

Sin embargo, es el mismo presidente que desde el 11 de enero de 2007 no ha creído conveniente convocar la Conferencia de Presidentes en España, único órgano de deliberación y codecisión hoy existente en el Estado autonómico, integrado por 17 presidentes de comunidades autónomas, dos presidentes de ciudades autónomas y el propio máximo representante del Ejecutivo central. Un total de 20 actores políticos con gran capacidad de decisión que en nuestro modelo de Estado compuesto vienen obligados a tomar decisiones y a coordinar políticas. Es decir, el G-20 que tenemos más próximo, el que más nos concierne y el que más depende de nosotros es el único que no se convoca, ni siquiera en los momentos más difíciles.

¿Qué más tiene que pasar para que los presidentes del Gobierno central y de los gobiernos de las comunidades autónomas se reúnan y adopten acuerdos pensando en los intereses generales? Desde que fuera convocada la última Conferencia de Presidentes hasta el momento, hemos asistido a la mayor recesión económica en décadas. Circunstancia excepcional que hubiera aconsejado recurrir a ese instrumento de coordinación para abordar conjuntamente problemas que no son divisibles e impulsar reformas e iniciativas más eficaces y eficientes que muchas de las que se han desarrollado durante el último año y medio. Así por ejemplo, el Gobierno central ha puesto en marcha planes estatales de fomento de empleo para gobiernos locales o de apoyo a sectores económicos específicos y, en paralelo, muchos gobiernos regionales han hecho lo propio sin que medie la menor intención de coordinación. Es más, con mucha frecuencia los diferentes actores políticos no tienen conocimiento de las intenciones del otro y en muchos casos se han utilizado de forma partidaria para rivalizar ante unos atónitos ciudadanos que comprueban que no siempre se hace el mejor uso de sus impuestos.

El otro instrumento de coordinación y cooperación que existe en España son las conferencias sectoriales en las que se reúnen representantes de gobiernos regionales con el ministro o ministra respectivo del Gobierno central. Aquí el balance tampoco es muy positivo. En muchos casos, como en el anterior, depende de la actitud o disposición del ministro respectivo para que la conferencia sectorial pueda reunirse y tenga una agenda adecuada. Además, muchas veces se utilizan como plataforma para escenificar desencuentros y agudizar tensiones. Aquí se evidencia falta de voluntad y de cultura política entre los actores políticos que están más obligados a pensar y actuar de acuerdo con la existencia de un Estado compuesto y a entender la creciente interdependencia entre diferentes esferas y niveles de gobierno. Y más todavía después de la reforma de estatutos de autonomía. Las implicaciones son de todos conocidas: los planes se siguen elaborando en paralelo. Sin reparar en el hecho de que la proliferación unilateral de iniciativas resta eficacia. Esta circunstancia puede acabar añadiendo más confusión al conjunto y dificulta el desarrollo de principios básicos de buena gobernanza. Y sin embargo, las cosas se pueden hacer bien. La gestión genuinamente federal que hasta ahora se ha hecho de la pandemia de gripe en el seno de la Conferencia Sectorial de Sanidad, demuestra que si se quiere se puede gobernar mejor haciendo un buen uso de los mecanismos de cooperación hoy existentes.

Lo que resulta paradójico es que durante todo este período excepcional, de emergencia, casi nadie haya reclamado la necesidad de recurrir a estas figuras esenciales de coordinación y cooperación. Ni los actores políticos concernidos, empezando por quienes tienen la responsabilidad de tomar la iniciativa, ni otros actores económicos y sociales relevantes, entre los que hay que incluir a la mayoría de los medios de comunicación. Porque adoptar acuerdos y e impulsar iniciativas en un Estado compuesto, además de ser una obligación, no es más difícil que hacerlo en Bruselas o en las cumbres del G-20. Al contrario, es mucho más sencillo. Si Zapatero y Rajoy, en primer lugar, fueran conscientes de que gobernar en España, en especial en estas circunstancias, presupone otra cultura política, otra forma de entender la distribución de poder político en España y la necesidad de abandonar, al menos en cuestiones esenciales, la estrategia política de la polarización.

La gran presencia institucional que tienen los partidos en España, donde la densidad del tejido social es baja y la capacidad de los partidos políticos para seleccionar los grandes temas de agenda y para alinear a los electores en torno a ellos es muy elevada, reduce mucho las posibilidades de construcción de consensos entre actores políticos si estos no están dispuestos. Esta debilidad estructural encierra, no obstante, un elemento que pudiera ser utilizado en otro sentido: dado que en un contexto como el nuestro la influencia de los partidos es tan grande y éstos responden a estructuras cerradas muy piramidales, bastaría en ocasiones con que existiera voluntad política de acuerdo entre muy pocos actores políticos para aprovechar mejor los espacios institucionales ya existentes y para alcanzar acuerdos en torno a políticas de ámbito estatal entre todas las partes que son Estado. Condición necesaria, aunque no suficiente, será que Zapatero y Rajoy subsanen esta anomalía institucional, incomprensible en un Estado compuesto, iniciando una nueva etapa en la que la Conferencia de Presidentes, sin más demoras, forme parte sustancial del paisaje geopolítico español y deje de ser mero espacio de representación o de confrontación.

Joan Romero es catedrático en la Universitat de València y autor de Geopolítica y gobierno del territorio en España.