El PP orensano favoreció a un edil al recalificar un parque natural

El gobierno del PP del Ayuntamiento de Ourense recalificó como suelo urbano no consolidado, en el plan de 2003, una parcela de Oira catalogada como parque natural en el plan anterior y que tenía además protección arqueológica, ya que en su mitad Sur se encuentra el Castro de Oira.

La decisión del gobierno local presidido por Manuel Cabezas y del que era concejal de Urbanismo el actual portavoz del PP y diputado autonómico Enrique Nóvoa, favoreció los intereses de la familia del también concejal del grupo de gobierno, y responsable de Personal, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa. También los de la promotora Maexpa, a la que la institución autorizó a edificar en esa zona mil viviendas.

La familia del concejal vendió el terreno para edificar mil pisos

Según consta en la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, los padres y el hermano del concejal vendieron las parcelas a Maexpa. Pese al parentesco, el edil no se ausentó de la comisión y votó a favor de la modificación de la calificación urbanística que favorecía la operación entre sus familiares y la promotora.

No es la única irregularidad que recoge la sentencia. La jueza sostiene que el gobierno municipal del PP autorizó la aprobación de los estatutos y las bases de actuación para la gestión urbanística de esa parcela pese a que la inmobiliaria no consiguió acreditar que tenía el 50% de la superficie del polígono, una condición necesaria y "esencial" para aprobar los estatutos de la junta de compensación.

Rodríguez Nóvoa no sólo favoreció los intereses de su familia, sino los suyos propios. Según consta en al menos una escritura de compraventa, el edil era también titular, junto con su hermano y los padres de ambos, de una de las fincas vendidas a Maexpa. Alguno de los títulos de propiedad de la de la familia Rodríguez Nóvoa datan del año 2000, según consta en la documentación en poder de los demandantes. El plan de urbanismo de 2003 se empezó a redactar en 1998 y se aprobó inicialmente en 2002.

La operación urbanística que ahora ha anulado la Justicia fue ya paralizada hace casi dos años por el gobierno de PSOE y BNG, aunque por otros motivos. Socialistas y nacionalistas ya habían denunciado en su día el planeamiento completo aprobado en 2003 por el PP. Pero a su llegada al Ayuntamiento, el bipartito suspendió el desarrollo urbanístico de esa área de reparto de Oira al comprobar que el plan urbanístico planteaba el trazado del AVE por el medio de la ciudad, dividiéndola en dos. El nuevo gobierno local acordó en enero de 2008 con el Ministerio de Fomento que el AVE discurriera por fuera de la ciudad. La decisión supuso multiplicar la inversión inicial, que pasó de 60,1 millones de euros a 570 millones, pero para acceder a la Estación Empalme, el nuevo trazado atraviesa la parcela de Oira recalificada por el PP para autorizar la construcción de las mil viviendas.

Desde que PSOE y BNG modificaron el trazado de la alta velocidad, anulando el proyecto urbanístico en esa parcela, el grupo popular respaldado por la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio no ha cejado en su demanda de que el AVE pase soterrado por la zona de A Ponte. En ese caso, la edificabilidad anulada en la parcela de Oira volvería a estar autorizada, confirma el gobierno local.

El grupo de gobierno sostiene que el soterramiento no es adecuado y reprocha al PP su "constante mezcla de los intereses personales y los institucionales".