Aguirre sugiere detectar corruptos preguntándoles por sus vacaciones

De puertas afuera, el PP de Madrid alardea de cómo ha puesto un cortafuegos al caso Gürtel al expulsar a sus 13 altos cargos imputados de los puestos institucionales. De puertas adentro, que la trama de contratación de las empresas de Francisco Correa haya salpicado a la Comunidad preocupa mucho. Por eso, el pasado miércoles gran parte de la reunión del comité de dirección del PP regional, que preside Esperanza Aguirre, se centró en hablar del caso Gürtel. Allí, en la sede de Génova, la presidenta lanzó una propuesta: crear un comité para fiscalizar a los candidatos antes de elaborar las listas electorales. Los próximos comicios municipales y autonómicos están previstos para mayo de 2011.

Fuentes de esa reunión explicaron que ésta fue una sugerencia de Aguirre "que no ha tenido una votación formal". Pero probablemente saldrá adelante, porque lo planteó la propia presidenta, a quien pocos contestan en su partido.

Según otro de los presentes, Aguirre comentó a los miembros de su dirección que era una idea de Regino García Badel, su asesor y uno de sus hombres de máxima confianza. Se trataría de crear un comité de notables presidido por un popular madrileño "que ya no tenga aspiraciones políticas". Como ejemplo del perfil requerido para presidir ese comité, se barajó el nombre del ex alcalde José María Álvarez del Manzano. "Es una forma de establecer un control más y de que alguien ajeno al cabeza de lista vea el perfil de quienes van a ser los candidatos", zanjan dichas fuentes.

Aguirre también aclaró que el comité preguntaría a los candidatos por su vida, se entendía que la privada, y como ejemplo de las preguntas que deberían hacerse en este control anticorruptos sugirió saber dónde se van de vacaciones. "Fue un ejemplo en tono jocoso", precisan otras fuentes populares, que reconocieron que ése era un poco el tono general. Pero aseguran que de lo que se trata es de fiscalizar el "patrimonio, los intereses personales y la vida pasada".

Ahora el control se hace con posterioridad a las elecciones y es previo al ingreso de los elegidos en la Asamblea o los ayuntamientos de la región.

"Cuando se habló de la posibilidad de fiscalizar el patrimonio de los candidatos, algunos se revolvieron en sus asientos, quizás pensando en sus cuentas privadas", comenta una tercera fuente. Pero la propuesta no recibió ni un solo reproche de los presentes.Según uno de los asistentes a la reunión, el control permitiría evitar casos como el de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes e imputado en el caso Gürtel, quien antes de entrar a las listas del PP ya venía con un oscuro bagaje de su paso por el Ayuntamiento. López Viejo entró en 2003 en el número seis de la lista popular a la Asamblea de la mano de Esperanza Aguirre, que justificó en una entrevista en el diario EL PAÍS su elección: "¿Qué se dice de López Viejo? Que ha tenido que convalidar gastos que antes se llamaban convalidaciones de gastos y a nadie le sorprendía. Como ahora se llama reconocimiento extrajudicial, parece el nombre que está incriminando a quien los hace. Pues no. Mantengo absolutamente mi confianza en López Viejo".

Tras estas declaraciones, López Viejo fue ascendido a viceconsejero de Presidencia y, pasadas las elecciones de mayo de 2007, a consejero de Deportes. Desde allí coló a la trama corrupta en 383 actos de todas las consejerías.

En la misma reunión de la dirección popular habló Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva. "Todos conocemos a Correa. Pero ¿cómo voy a contratar los actos con él, si era carísimo?", planteó. En ese momento, Aguirre intervino: "A nosotros nos acusan de contratar los actos del partido con Correa y no lo hicimos, ¿verdad, Borja?", dijo dirigiéndose a uno de sus colaboradores, Borja Sarasola, secretario general técnico de Vicepresidencia. "Porque sabíamos que era carísimo", apostilla la presidenta. Supuestamente, el PP de Madrid no contrató nada con Correa porque era "carísimo", pero el Gobierno regional de Aguirre, con el dinero de los impuestos de todos los madrileños, sí lo hizo en 383 ocasiones.

Además, los diputados imputados siguen en la Asamblea. Ayer fue la primera vez que López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch asistieron al pleno desde el pasado 8 de octubre, cuando el grupo popular los expulsó. Aunque ahora pertenecen al grupo mixto, mantuvieron la disciplina de voto del PP.

Al verlos en el hemiciclo, el portavoz popular David Pérez y el vicepresidente regional, Ignacio González, compartieron ademanes de disgusto. Una puesta en escena que contrastó con los gestos de cariño que les dirigieron algunos diputados populares que pasaban a su lado, como la ex consejera Gádor Ongil o el viceconsejero Salvador Victoria.

Los tres imputados, cuya única obligación como parlamentarios es asistir a los plenos una tarde a la semana, se exponían a sanciones económicas por no acudir al Parlamento. El artículo 34 del Reglamento de la Asamblea establece que la Mesa puede reducir su sueldo a un diputado "cuando de forma reiterada e injustificada", deje de asistir a las sesiones del pleno. Ayer los imputados optaron por ganarse el sueldo.