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La pesada losa del 'caso Gürtel'

El PP aprueba una comisión para investigar la contabilidad oficial de los partidos, pero se niega a mostrar los contratos del Consell con Orange Market

El escándalo de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana desatado a raíz de la difusión de parte del sumario del caso Gürtel pesa como una losa sobre cada intervención, cada declaración pública, incluso sobre cada gesto de los cargos públicos y representantes populares. El espeso silencio que se extendió ayer sobre el hemiciclo de las Cortes Valencianas cuando Ángel Luna, portavoz socialista, escenificó desde la tribuna alguno de los diálogos grabados por la brigada contra el blanqueo de dinero de la Policía Nacional "con autorización judicial" fue directamente proporcional al peso de esa losa.

Rafael Maluenda, que ocupó ayer por primera vez el escaño que corresponde al portavoz del grupo parlamentario del PP, fue el único capaz de musitar "qué vergüenza" para intentar contrarrestar el castigo al que Luna sometía a sus diputados cuando recreaba una conversación grabada en la que se citaba a "la dama del laboratorio", en alusión a la esposa de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, que es copropietaria de una farmacia en Valencia.

"Crean una comisión para investigar algo que no existe y sin tener competencias"

"Vergüenza es que el presidente de la Generalitat haya usado a su familiar como buzón de la trama de empresas corruptas", le espetó Luna.

La tensión subió de tono cuando Luna recordó que el informe policial llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana "tres días antes" de que se archivara la causa contra Camps por supuesto cohecho impropio. Entonces no se tuvo en cuenta. Pero Luna auguró: "El TSJ tendrá que analizar el informe policial a raíz de la querella que presentaremos la semana que viene contra Francisco Camps, [el vicepresidente Vicente] Rambla,

[el secretario general apartado del cargo Ricardo] Costa, [el vicesecretario de organización David] Serra y Yolanda García [la tesorera del partido]". "Ustedes tienen un problema", siguió Luna, "les han pillado, hagan las maniobras de distracción que quieran, pero esto no lo van a poder tapar. Yo, en su lugar, daría explicaciones y asumiría responsabilidades".

Tal posibilidad no figura en el guión al que se aferró César Augusto Asencio en su primera intervención ante el pleno desde que ejerce las tareas de "coordinación del partido". Asencio subrayó que la "contabilidad del PP recoge asientos contables que responden a realidades fácticas" e intentó desmerecer "el informe de la policía de [el ministro de Interior Alfredo Pérez] Rubalcaba, que se gestó en una cacería, y contiene una serie de asertos que no reflejan la realidad".

Luna explicó, en tono didáctico, que "el ámbito para investigar las cuentas de los partidos es el Tribunal de Cuentas, no las cámaras parlamentarias"; que "el Tribunal de Cuentas considera las cuentas de los partidos como un todo, de modo que no existe tal cosa como la contabilidad del PP de la Comunidad Valenciana ni del Partido Socialista del País Valenciano"; para concluir: "Quieren una comisión para investigar algo que no existe en un órgano que no tiene competencias para ello".

"Ustedes pretenden desnaturalizar el papel de las Cortes, abusan de la mayoría absoluta para controlarnos a nosotros, que no manejamos fondos públicos", siguió Luna, "solo pretenden establecer una sospecha generalizada".

Minutos antes, Mireia Mollà, diputada de Iniciativa en el grupo Compromís, había solicitado la creación de un comité antifraude que analizara la contratación de la Generalitat y el manejo de los fondos públicos.

De acuerdo con el guión, el PP ninguneó a Mollà, ni siquiera intervino en el debate y rechazó su invitación a la transparencia.

Cuatro preguntas sin respuesta

Los diputados socialistas interpelaron ayer a cuatro miembros del Consell sobre asuntos relacionados con el escándalo de financiación irregular del PP desatado a raíz de la difusión de parte del sumario del caso Gürtel. Tres consejeros optaron por acogerse al guión para no contestar. El cuarto dio un par de pases, pero tampoco dejó nada en claro.

Ni Trinidad Miró, consejera de Cultura, aclaró por qué la Fundación de La Luz de las Imágenes financió una exposición en un torneo de tenis; ni Juan Cotino, vicepresidente y responsable de Agua, Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, comentó la adjudicación a Sedesa, empresa que gestiona su sobrino, de contratos por valor de 830 millones de euros desde 1999; ni Belén Juste, consejera de Turismo, explicó si ha adoptado alguna medida ante la implicación de Orange Market, adjudicataria del montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante cinco años, en la evasión de fondos hacia paraísos fiscales.

Manuel Cervera, consejero de Sanidad, ofreció algún detalle sobre la cesión de Begar, la constructora de José Luis Ulibarri, a Ocide, de las obras del futuro hospital de Llíria y afirmó: "Yo no conozco al señor Ulibarri, que es amigo de José Luis Rodríguez Zapatero".

Todos sus colegas se limitaron a leer un par de artículos de la ley de contratos públicos para defender la legalidad de sus gestiones.

A primera hora de la mañana, el PP se permitió aprobar como proposición no de ley una propuesta de resolución que aprobó hace tres semanas para solicitar una rebaja fiscal a los profesionales autónomos que ingresen menos de 24.000 euros al año y tengan al menos dos hijos a su cargo. La rebaja fiscal representará un ahorro anual de 40 euros para todos los afectados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de octubre de 2009

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