Democracia bajo mínimos

La progresiva pérdida de calidad democrática que se viene produciendo desde hace tiempo en España comienza a ser de tal magnitud y gravedad, que muy probablemente, cuando nos demos cuenta de ello y queramos enmendar el rumbo, ya solo nos quede tiempo para recoger los restos del naufragio.

Sé que hay todavía quienes piensan que este enorme barrizal político en el que estamos todos metidos hasta las cejas no es sino un fenómeno coyuntural y pasajero que, a la postre, acabará sustanciándose en las urnas, como ha sucedido en otras ocasiones. Pero esta vez se equivocan por completo. La enorme distancia que los ciudadanos perciben ahora entre los principios formales consagrados en la Constitución y la práctica política cotidiana de la democracia en España, no es algo que pueda solucionarse en una simple contienda electoral. Va mucho más allá.

Entre otras cosas, porque la irritación del ciudadano común no se dirige ya contra los políticos de una u otra opción ideológica, sino contra la política, en general, y, consecuentemente, contra una buena parte de las instituciones del Estado, a las que se percibe cada vez más como ineficientes, escasamente neutrales, o sencillamente corruptas. ¿A quién puede sorprenderle que en tales circunstancias el liberalismo económico gane adeptos, y sean cada vez más los ciudadanos que se resistan a contribuir con sus impuestos a tamaño desaguisado?

O sea, que o los partidos se lo toman en serio y se dedican a trabajar duro para que el ciudadano se reconcilie de nuevo con la democracia, o acabarán consiguiendo que el espíritu de Berlusconi, una vez desterrado Montesquieu, se instale definitivamente entre nosotros. Y entonces, sí, ya nada volverá a ser lo mismo. Eso, o somos los ciudadanos los que tomamos el toro por los cuernos y les diseñamos los contenidos de la hoja de ruta para que no se pierdan.

Algunos se los puedo anticipar ya, a modo de ejemplo: 1: elección popular directa de todos los miembros de los órganos de justicia y del fiscal general del Estado. 2: establecimiento de límites temporales para las sentencias judiciales civiles, mercantiles y penales. 3: extinción de las Diputaciones. 4: adelgazamiento del Senado y especialización de sus competencias. 5: dictamen vinculante sobre los planes de urbanismo por una comisión externa a los ayuntamientos. 6: contrataciones públicas realizadas por órgano desligado del gobierno de turno. 7: comisiones de investigación parlamentarias reguladas por una ley que impida su control por parte de la opción mayoritaria. 8: televisiones y radios públicas legalmente obligadas a consensuar sus órganos rectores. 9: Tribunales de Cuentas independientes dotados de medios para fiscalizar, en tiempo real, todas las instituciones que manejen dinero público. 10: Ley de partidos políticos que modifique el sistema de elección de los candidatos y la financiación de aquellos.

Pero les sugiero que no esperen demasiado para completar la lista. Nosotros matamos el tiempo, pero él nos entierra.