Facenda modificará la ley para mejorar el control de los funcionarios

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, cambiará varias leyes para estrechar el control sobre las sociedades dependientes de la Xunta, la llamada administración paralela, y reformar el régimen que afecta a los funcionarios. Los sindicatos acogen con prudencia las iniciativas, que creen "necesarias", pero recelan de que vayan aparejadas con una financiación que las sustente. Desde CIG, Manuel Gallardo reclama que cualquier cambio tenga en cuenta que, de cada 10 funcionarios que se jubilan en Galicia, sólo se sustituyen tres. "Se está doblando la carga de trabajo y, como mínimo, el año que viene se congelarán los sueldos". La misma crítica apunta Francisco Núñez, de UGT: "Está claro que hay crisis, pero se ve que este Gobierno no es capaz de cumplir lo que está firmado", en referencia a los acuerdos salariales ya pactados que Facenda quiere congelar.

El primer y último inventario del patrimonio se hizo hace 22 años

La Xunta no es capaz de cobrar muchas de las deudas que reclama

- Ley de Función Pública. Se está elaborando un borrador para, en palabras de Fernández Currás, convertirla en una herramienta que "modernice el régimen del empleado público gallego" adaptándola al Estatuto Básico. Toca aspectos tan amplios como la definición de la carrera profesional, las vacaciones, la oferta de empleo público, la movilidad de los funcionarios, el teletrabajo, la eliminación de grupos o la designación del personal de confianza. Paralelamente, la consellería está preparando varios decretos que publicará en 2010 sobre provisión de puestos de trabajo, régimen disciplinario de los funcionarios y selección de personal. Facenda también se apunta a las nuevas tecnologías. Va a licitar un servicio que desarrolle el Registro Central de Personal donde se controlarán todos los traslados, el personal eventual, los perfiles de puestos, etc.

- Ley de Patrimonio. El primer y último inventario de los bienes de la Xunta se hizo hace 22 años. Ni el propio gobierno gallego sabe hoy en detalle el patrimonio que tiene y cuánto vale. Facenda pretende aprobar en mayo de 2010 una ley que ayude a actualizar los datos y avale una nueva forma de gestionar el patrimonio, integrando el inventario en el sistema de gestión contable y, de paso, informatizándolo. Así terminaría con las deficiencias que, año tras año, pone de manifiesto el Consello de Contas.

- Ley de competencia. Fernández Currás no quiere mantener el modelo en el que convivan un Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia. En la actual normativa gallega se recogen funciones que ya no existen o que no concuerdan con la norma estatal. Prepara un anteproyecto para unificar ambos organismos.

- Ley del Sector Público. La obsesión de Facenda de implantar políticas de austeridad y control del gasto están detrás de esta regulación que se tramitará en el primer semestre del año próximo. Introducirá criterios para evaluar la creación de entes con personalidad jurídica propia. Es una manera de acotar la proliferación de los llamados chiringuitos que se multiplicaron en la era de Manuel Fraga y que con el bipartito engordaron sus presupuestos. La ley exigirá un plan realista para que expliquen cómo se dirigirán, de dónde sacarán sus recursos económicos y cómo se gestionarán.

- Ley de Régimen Financiero y presupuestario. "En la actualidad existe cierta falta de transparencia en los Presupuestos gallegos, ya que hay una serie de fundaciones y consorcios que no se incluyen en los mismos", reconoce Facenda. La diana de esta reforma está en el llamado sector de administraciones públicas, que aspira a una gestión más transparente en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Comenzará a tramitarse en el primer semestre de 2010, de forma paralela a la anterior.

- Lucha contra el fraude. Muchas de las deudas que la Xunta reclama a los ciudadanos terminan prescribiendo. Además de ser injusto para los que sí pagan, es un coste que la Xunta no se puede permitir. Para contrarrestarlo, Facenda intentará engrasar todos los procesos de cobro. Del mismo modo, se ha comprometido a pagar en 45 días las facturas, lo que mejoraría en 15 días el plazo legal.