Cerco a la administración paralela

Marta Fernández Currás, la primera mujer que ocupó el cargo de interventora en Galicia, sabe cómo están las cosas y no es ajena a la clamorosa falta de transparencia de los presupuestos gallegos, con fundaciones y consorcios financiados con dinero público lejos de su control directo.

Lo primero que ha hecho al llegar a la consellería es pedir auditorías externas para fiscalizar entes públicos como Portos de Galicia, la Compañía de Radio Televisión, el Igape, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (BIC Galicia) o el Instituto Galego de Enerxía. También pondrá la lupa sobre empresas como la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo, Turgalicia, Sogama, Galaria (empresa pública de Servicios Sanitarios), Sodiga o la gestora del Banco de Terras. Quiere verificar si se cumplen las normas de contratación y ejecución presupuestaria.

En esa dirección ha dado otros pasos. El proyecto de Presupuestos de 2010, cuyos detalles se darán hoy a conocer, incluye por primera vez el gasto de 53 entidades de la llamada administración paralela: 39 fundaciones, una agencia pública, una SA y 12 consorcios que, por fin, deberán de dar cuenta sobre lo que hacen en el Parlamento. En los próximos meses serán sometidos a un examen que podría terminar eliminando alguno de estos organismos, aunque Feijóo no descarta crear nuevos entes.

La Xunta también estudia las asistencias técnicas, los contratos de servicio y las consultorías contratadas por las distintas consellerías para vigilar la externalización de servicios.