Una nueva fiscalidad más justa

Estamos sufriendo una crisis económica hasta ahora desconocida por sus efectos y extensión, que provoca una sensación de angustia entre los ciudadanos, sobre todo porque no acaban de ver medidas contundentes que resuelvan sus problemas cotidianos. En este clima de desconcierto surgen voces que proponen soluciones diversas y, la mayoría de las veces, aisladas. Sin embargo esta crisis exige una estrategia que integre multitud de medidas de choque y de proyección para el futuro. En términos clínicos, se trata de administrar un tratamiento al paciente que, a corto plazo, recupere sus constantes vitales y, a más largo plazo, prevenga futuras recaídas.

Entre estas medidas la política fiscal debe ocupar un lugar preeminente. Pero debe ser una política fiscal creíble, y no esa receta utópica de quienes piden bajar los impuestos mientras exigen más inversiones públicas y protección social; o la de aquéllos que plantean si bajar los impuestos es "de derechas" y subirlos "de izquierdas", cuando lo importante es determinar en qué se emplea el dinero público. Lo que está muy claro para CC OO es que un Estado sin capacidad recaudatoria es un Estado sin capacidad inversora y sin recursos para la protección social de sus ciudadanos. Por tanto, en estos momentos urge el diseño de una nueva política fiscal que se asiente sobre la base de la progresividad de los impuestos, es decir, pagar en función de lo que cada uno tiene. O lo que es lo mismo, un nuevo sistema tributario cuyo eje sea la justicia y la solidaridad, un modelo más moderno, ágil y eficiente.

Nuestro sindicato apuesta por reformas fiscales de calado, en lugar de parches sin proyección de fututo tal y como ha sucedido en los últimos años bajo gobiernos del PP y ahora del PSOE. Para eso es necesario empuje político, porque nunca es popular proponer subidas de impuestos, y realizar un esfuerzo pedagógico para explicar a la ciudadanía que no es posible bajar impuestos y mantener los niveles del Estado del Bienestar actuales. Lo que sin duda parece ilógico es recurrir al incremento de los impuestos que todos debemos pagar independientemente de nuestros niveles de renta, como por ejemplo el IVA, para hacer frente a la situación de crisis. Somos conscientes de que la fórmula más rápida y con mayor cuantía recaudatoria es subir los tipos del IVA, pero no resulta ético hacerlo sin antes haber subido la presión fiscal a las rentas altas del capital. Lo planteado sobre el IVA repercutirá negativamente en las rentas del trabajo y en las personas que menos ingresos tienen, mermará su capacidad adquisitiva, no fomentará para nada el consumo ni la recuperación económica ni el empleo, y generará, por el contrario, aún más economía sumergida. En definitiva, el trabajador soportará una vez más el coste de la crisis.

Por supuesto que es necesaria una reforma fiscal, pero no en estos términos. La clave debe estar en que quien más tiene, más paga. A ello hay que añadir la revisión de determinados impuestos que han sido suprimidos o están en vías de serlo (Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones), la creación de impuestos especiales para determinadas rentas blindadas y jubilaciones multimillonarias y redoblar los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, verdaderos agujeros negros que impiden ingresar a las arcas del Estado miles de millones de euros. Para esto es imprescindible destinar inversiones en recursos humanos para luchar contra este fraude.

Entretanto en Andalucía hay quien plantea si nuestra comunidad tiene margen o no para subir los impuestos. Nuestro sindicato sostiene que, mientras se diseña ese nuevo modelo tributario, aquí se debe determinar si para la reactivación económica y del empleo de nuestra comunidad son necesarias más inversiones públicas, así como si se pueden mantener los actuales niveles de protección social. En función de estas necesidades perentorias se deben orientar los presupuestos y calcular las necesidades recaudatorias de Andalucía, así como las fuentes para satisfacerlas, además de articular la corresponsabilidad entre administraciones para evitar subidas y bajadas según qué competencias tengan las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y, ante todo, está claro que un gobierno de progreso deberá basar esa capacidad recaudatoria en la justicia y la progresividad, ya que de no ser así estará condenando a los trabajadores y a las personas con menos rentas a tener cada vez menos recursos y avanzando hacia una sociedad más desigual y descohesionada.

Francisco Carbonero Cantador es secretario general de CC OO de Andalucía.