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Nueve meses de contradicciones para Esperanza Aguirre

Funcionarios de Boadilla advirtieron a la presidenta sobre la trama en 2007

No hay nada como gestionar bien la imagen. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es especialista en manejar los tiempos y en transmitir la apariencia de que lo tiene todo controlado. Ésa es la impresión que ha dejado tras gestionar la crisis del Gürtel. Aguirre ha conseguido aparecer como una política con determinación y autoridad al expulsar de forma fulminante a los políticos imputados del PP. Ella es la jefa del partido en la región y quien ha dado la orden. Pero detrás de toda esa representación se esconden varias contradicciones.

La primera es que la presidenta conocía que algo no iba bien. Que había una red de empresas que tenía la ambición de hacerse con el favor de la Comunidad de Madrid para hacer negocios sucios. En 2005, una revista publicó el supuesto trato de favor de una empresa con algunas administraciones del PP. Aguirre pregunta a su viceconsejero y le ordena que no vuelva a contratar con esa empresa. Su confianza en López Viejo le lleva a ignorar el problema. Aguirre no sólo no lo cuestiona, sino que poco después lo convierte en consejero de Deportes.

Reclama presunción de inocencia, pero ya ha expulsado a sus diputados

Exhibe una imagen de determinación pero tardó en revisar los contratos

Dos años más tarde, en 2007, un grupo de funcionarios de Boadilla del Monte y Móstoles envía una carta a Génova, sede del PP, dirigida a la presidenta regional. En la misiva, incluida en el sumario, le advierten de supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla. Aguirre da la carta por no recibida.

Cuando el 6 de febrero estalla el caso Gürtel, la presidenta regional no hace caso de los indicios que señalan a su hombre de confianza, el que le organiza todos los actos, como uno de los principales personajes de la trama corrupta. Tres días después lo destituye, pero lo presenta como una dimisión. Y le agradece su suicidio político de la siguiente forma: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". El objetivo era lanzar la idea de que todo era un montaje contra el PP. El objetivo era sembrar dudas.

Por eso tardó más de cuatro meses en revisar todos los contratos de la trama corrupta en la Asamblea de Madrid. Cuando lo hizo, el pasado junio, sólo explicó los expedientes tramitados durante la presente legislatura. El Gobierno de Aguirre olvidó que todo comenzó en 2004, cuando López Viejo cobró poder. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, afirmó que sólo se suscribieron 183 contratos por 2,3 millones de euros. El sumario del caso hecho público esta semana arroja otra cifra: 358 contratos por más de tres millones de euros.

Durante todo este tiempo la presidenta ha defendido la legalidad de los contratos. A pesar de aceptar la dimisión de López Viejo, de ordenar la destitución de Benjamín Martín Vasco como portavoz adjunto de la Asamblea, y arrinconar a Alfonso Bosch en el Parlamento regional. Aguirre también forzó la renuncia de los ex alcaldes implicados, el de Boadilla, Arganda, Pozuelo y Majadahonda. Pero intentó desviar la atención sobre el origen de esa decisión. Todos los cargos públicos imputados fueron suspendidos de militancia en el PP. La contundencia de Aguirre combina mal con su defensa de los actos. Su argumento es que hay que respetar la presunción de inocencia. Una presunción que se olvida cuando el jueves expulsó a los diputados de la bancada popular en la Asamblea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de octubre de 2009