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El TSJA manda tirar 24 casas que el plan de Marbella legaliza

La sala sostiene que cambiar el PGOU no basta para anular una sentencia

La recomposición de la legalidad y el buen orden urbanístico en Marbella resulta una tarea compleja, especialmente cuando se producen decisiones contrapuestas entre la administración y los tribunales. Y eso ocurre con el controvertido programa de normalización incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, que contempla legalizaciones que en algunos casos los tribunales no ven viables.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decretado la demolición sin demora de tres bloques con un total de 24 viviendas en la urbanización Los Monteros cuya licencia de obras fue anulada en una sentencia dictada en julio de 2007 porque contraviene el planeamiento vigente.

El tribunal emplaza al Ayuntamiento a demoler "sin dilación alguna"

El Ayuntamiento había solicitado la inejecución de la sentencia a la espera de la aprobación del nuevo PGOU, pero la Sala de lo Contencioso-administrativo ha desestimado la solicitud y ha dado la razón a la comunidad de propietarios de la urbanización, que exige la demolición.

La sala admite que el cambio del planeamiento puede ser considerada una de las causas para decretar la imposibilidad legal de ejecutar una sentencia, pero al mismo tiempo sostiene que la modificación "no produce la automática legalización". Además, la sala recuerda que el plan aún no tiene eficacia porque no está aprobado definitivamente.

El auto se dictó el pasado 9 de junio, mes y medio antes de que el Ayuntamiento aprobara por segunda vez provisionalmente el nuevo PGOU, que está pendiente ahora de la aprobación definitiva.

Además de poner en evidencia el interés para la seguridad jurídica de aprobar el plan cuanto antes, el auto también pone de relieve la conveniencia de que, además de elaborar éste, el Ayuntamiento revise específicamente las licencias que han anulado los tribunales, algo a lo que el equipo de gobierno que preside Ángeles Muñoz se ha negado. "Cuando media una sentencia anulatoria de una licencia por disconformidad con el planeamiento la nueva ordenación no deja sin efecto aquella", sostiene el auto

La sala emplaza al Ayuntamiento a que inicie los trabajos de demolición de las edificaciones "sin dilación alguna" y que le dé cuenta de su marcha cada 15 días. También resuelve que se inscriba la sentencia anulatoria de la licencia de obras en el Registro de la Propiedad.

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