Una sentencia tumba la subida de las multas de tráfico del Ayuntamiento

Una sentencia de la Sala 2ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo un decreto de noviembre de 2005 de la Concejalía de Seguridad por el que se aumentaba hasta en un 50% la sanción de las multas de tráfico en la capital. Los magistrados entienden que la cuantía de las denuncias no puede ser siempre la cantidad máxima y que debe ir en función de las vías en las que se cometa la infracción.

El fallo todavía no ha sido comunicado a las partes, pero sí se ha colgado en algunas colecciones de jurisprudencia.

La demanda fue presentada por Dvuelta, una empresa de recursos de multas a través del gabinete jurídico Préstamos y Javaloyes. Según estos abogados, el decreto del departamento que dirige Pedro Calvo vulneraba el artículo 91.k del Reglamento General de Circulación por no diferenciar entre vías preferentes y ordinarias y en función de la mayor o menor gravedad de la infracción. Se vulneraban por tanto los principios de legalidad, al incumplir una norma de mayor rango, y de proporcionalidad.

El TSJM entiende en su fallo que el decreto vulnera el principio de jerarquía normativa. "Establece una cuantía fija para cada tipo de infracción sin tener en cuenta que la ley establece un margen o recorrido de la sanción. A modo de ejemplo, las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta 90 euros, lo que implica que pueden ser sancionadas con una multa inferior a los 90 euros que establece la norma", explican los magistrados. "La sanción debe ser motivada y se debe elegir teniendo en consideración todos los elementos del caso, y no puede de manera apriorística determinarse el importe de la sanción", añade el fallo.

Fuentes de la Concejalía de Seguridad no quisieron comentar la sentencia, ya que no les ha sido notificada aún. El TSJM ha abierto una investigación interna para determinar cómo pudo llegar el fallo a las colecciones de jurisprudencia si todavía no ha sido firmada por los ponentes y remitida a las partes personadas en la causa.

Contra la sentencia, el Ayuntamiento puede recurrir ante el Tribunal Supremo.