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COLUMNA

Mentirosos y cínicos

Un destacado dirigente me confesó en una ocasión que un político debe aprender a mentir. Y cuando mienta, lo debe hacer con la absoluta convicción de que está diciendo la verdad.

A esa habilidad habría que sumar otra imprescindible: el cinismo, que no es sino la desvergüenza en el mentir. Añadan unas gotas de corrupción y habremos conseguido un brebaje capaz de alejar al ciudadano de la política y los políticos por décadas. Probemos un par de esos cócteles.

El alcalde popular de La Línea, Juan Carlos Juárez, ha sido obligado por una sentencia de la Audiencia a dejar la alcaldía. Juárez ha presentado su marcha forzosa de la poltrona como una "dimisión" voluntaria. Su jefe de filas, Javier Arenas, ha elogiado su "coherencia", que es "merecedora de respeto". Juárez llegó a la alcaldía de la mano del GIL, aquella escuela de corrupción fundada por Jesús Gil, y se pasó más tarde al PP. Tiene pendiente otras cuatro causas judiciales por prevaricación, malversación y tráfico de influencias y Arenas lo sabe. Juárez sigue siendo presidente del PP local. El presidente del PP afirma, sin embargo, que la gobernabilidad en La Línea está asegurada.

A unos 50 kilómetros al este de La Línea, se encuentra Estepona. Allí, la gobernabilidad no está garantizada, afirma Arenas, mientras su correligionaria Celia Villalobos pide en el Congreso de los Diputados la disolución de la Corporación. Y no lo está porque los cuatro ediles del PP han sumado sus fuerzas a las de otros ocho concejales prófugos de diversos partidos (cinco del PSOE), para hacerle la vida imposible al alcalde socialista, David Valadez.

Nada que objetar, en principio. Lo malo es que esos ocho concejales están imputados en el caso de corrupción más grave registrado en la Costa del Sol, después de Marbella. Todos juntos, prófugos y populares, han protagonizado un bochornoso espectáculo al eliminar en un pleno las tasas de basura y de alcantarillado en un municipio entrampado hasta las cejas.

En buena lid, el PP debería apoyar transitoriamente, o al menos no obstruir, la gobernabilidad en Estepona. Aunque sólo sea por la valentía que tuvo su actual alcalde, David Valadez (PSOE), al denunciar en 2006 la trama corrupta que gobernaba el municipio. El alcalde de entonces, el socialista Antonio Barrientos (en libertad bajo fianza) y otras 62 personas más, entre concejales (los ocho aliados del PP), técnicos y empresarios, resultaron imputadas.

Pero no. En un alarde de cinismo, el PP prefiere apoyarse en presuntos corruptos para atacar a quien denunció la corrupción.

Todo, por el voto. Por desgracia para la democracia, en este país estar implicado en casos de corrupción no parece ser una desventaja ante las urnas, sino todo lo contrario. Lo vimos en las últimas elecciones municipales, cuando el imputado por prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, y en libertad bajo fianza, Juan Martín Serón (PP), alcalde de Alhaurín el Grande, obtuvo 5.547 votos más que en las elecciones de 2003.

Lo vemos en la Comunidad Valenciana, donde su presidente, Francisco Camps, enfangado hasta el atildado cuello de su camisa por corruptelas varias, afirma que, a pesar de la Gürtel, ganaron las elecciones europeas y ganarán las autonómicas.

¡Qué pena de país! Un país de cínicos y mentirosos. Un país con unos dirigentes y unos electores que parecen seguir la doctrina marcada por los abogados de Berlusconi, el consigliere de Aznar y del yernísimo Agag, de que "la ley es igual para todos, pero no su aplicación".

O sea: fórrense, acepten trajes, bolsos, relojes de 20.000 euros, coches de 65.000, o mejor aún, fajos de billetes de 500 euros, porque no pagarán factura alguna. Sus fieles les seguirán votando y la ley se la aplicarán al estilo Berlusconi. El padrino.

De hecho, ya tenían un Don Vito: Correa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de octubre de 2009