El Tribunal Superior reclama al Gobierno regional que reforme la Ley del Suelo

La legislación actual "es insuficiente para lograr una total coordinación entre el Registro de la Propiedad y la acción administrativa urbanística" y, por tanto, no garantiza "la protección de terceros". Es la conclusión de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), que pide en una sentencia a la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia en materia de urbanismo, que modifique la Ley del Suelo.

En concreto, este tribunal sugiere al Gobierno regional que debe reformar la legislación para imponer a los ayuntamientos la obligación de anotar de manera preventiva la apertura de expedientes de disciplina urbanística en el Registro de la Propiedad para no perjudicar a quienes adquieran inmuebles de buena fe sin saber que éstos son objeto de un expediente disciplinario. "Y que el legislador estatal efectuará igualmente las reformas necesarias para que en los supuestos de ejercerse la acción pública en materia urbanística se procediera de manera obligatoria a la anotación preventiva de la demanda", añade el fallo judicial. En éste, se recuerda que la legislación de Galicia es la más "novedosa y avanzada".

La sentencia del TSJ obedece a un recurso contencioso-administrativo que se presentó contra una decisión del Ayuntamiento de Alpedrete. Por silencio administrativo, el Consistorio había rechazado la petición de daños y perjuicios del titular de un edificio, utilizado como residencia de ancianos. El propietario reclamaba porque el Consistorio le había suspendido la licencia de obras de ampliación, la tramitación de la licencia de apertura de la residencia y había decretado la paralización urgente de las obras que se estaban realizando en la parcela.

El titular "no dispuso de toda la información que hubiera deseado tener en el momento de la adquisición del edificio en cuestión, a fin de tomar la decisión que hubiera sido más conveniente para sus intereses", reconoce el Tribunal Superior de Justicia. También considera que la responsabilidad no era del Ayuntamiento, que no tenía potestad para haber inscrito en el Registro de la Propiedad la situación urbanística del inmueble. De ahí, que el tribunal reclame el cambio legislativo.

Sin embargo, el fallo de este tribunal no es vinculante para la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, podría considerar la sugerencia de la sentencia, ya que recientemente ha prometido -durante el debate del estado de la región- la futura reforma la Ley del Suelo.