Momento para dos reformas necesarias

La utilización exhaustiva de políticas macroeconómicas de demanda para suavizar la recesión y evitar sus efectos negativos sobre los ciudadanos más débiles era necesaria, en mi opinión, como apuntaba en mi artículo anterior, en esta misma página de Negocios. Pero, ahora, tras tocar fondo e iniciarse el proceso de salida, es necesario hacer reformas microeconómicas de oferta que mejoren el funcionamiento de aquellos mercados que han mostrado mayor ineficiencia durante la crisis y que aumentasen la productividad, para conseguir recuperar las tasas potenciales de crecimiento y los niveles potenciales del PIB lo antes posible. Ambas políticas son necesarias, las primeras han sido paliativas de la recesión a corto o medio plazo, y las segundas serán regeneradoras del crecimiento sostenible a medio y largo plazo.

Varios factores favorecen en este momento el logro de un consenso para abordar las reformas en España

Este tipo de reformas de oferta suele producir, en general, costes a corto plazo para una parte reducida de la población y beneficios a medio y largo plazo para su gran mayoría. Los perdedores suelen ser empresas que pierden cuota de mercado o que desaparecen por no ser competitivas, así como sus trabajadores que pueden verse obligados a aceptar reducciones de sus salarios reales temporalmente o que pueden perder sus empleos. De ahí que suelan producir un rechazo ya que los representantes de las empresas y de los trabajadores que salen perdiendo están lógicamente organizados para defender sus intereses, mientras que los beneficiarios, que son la mayoría de la población no lo están y se mantienen expectantes pero no activos. De ahí que, para llevarlas a cabo, sea imprescindible compensar temporalmente a aquella minoría que sale perdiendo a corto plazo, ya que se evita parcialmente su rechazo y además, el coste de ayudarles puede recuperarse con creces a medio y largo plazo.

¿Por qué es justo a la salida de la crisis el momento más propicio para hacer estas reformas? Por varias razones, todas ellas contrastadas por la evidencia histórica y empírica disponible. La primera es que las reformas se suelen aprobar siempre en la fase del ciclo en la que se toca fondo y se inicia la salida de la recesión ya que, por un lado, las expectativas medias de la población son mucho más bajas y, al mismo tiempo, los ciudadanos de dan cuenta que hay que cambiar muchas cosas que han funcionado mal, y por otro lado, los efectos negativos que puedan tener a corto plazo dichas reformas van a padecerse ya en el proceso de recuperación, con lo que son más digeribles.

La evidencia histórica confirma que algunos de los países europeos que hoy tienen un mayor nivel de productividad y de competitividad en Europa, como Holanda, Irlanda, Finlandia y Suecia lo han conseguido haciendo estas reformas en el peor momento de sus duras crisis, tras tocar fondo en sus recesiones con fuertes desequilibrios fiscales, el primero de ellos a finales de los años ochenta y los otros tres a principios de los años noventa.

Hay que partir del supuesto que en los países democráticos avanzados no puede imponerse una reforma por decreto si no es consiguiendo persuadir a los ciudadanos y a sus representantes políticos y sociales con argumentos claros y convincentes sobre sus limitados costes a corto plazo y sus amplios beneficios a medio y largo plazo. Para ello es necesario que dichas reformas cumplan varios requisitos: primero, que su iniciativa parta del Gobierno, mostrando así su liderazgo; segundo, que los partidos tanto en el Gobierno como en la oposición no tengan una visión política oportunista y de corto plazo de la economía sino una visión clara de su futuro que les permita alcanzar un compromiso sobre aquellas medidas que son necesarias para alcanzar un crecimiento sostenido a largo plazo y tercero, que la sociedad civil, a través de sus interlocutores sociales y de sus creadores de opinión, termine apoyándolas.

Lógicamente, este consenso es más fácil lograrlo cuanto más lejos se esté de la celebración de las siguientes elecciones generales y cuanto más favorezcan el voto mayoritario, frente al proporcional, las leyes electorales.

También es más fácil si las reformas que se discuten han sido ya experimentadas por otros países Europeos con éxito y si cuentan con la aprobación y el respaldo de los organismos supranacionales internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la OCDE o Europeos, como la Comisión y el Consejo Europeo.

En este sentido, es alentador observar que estos cuatro factores serían favorables a lograr un consenso en España en estos momentos.

Sin embargo, sigue habiendo reticencia por parte de algunos Gobiernos porque estiman que ellos van a sufrir sus costes políticos a corto plazo y sus beneficios pueden llegar a percibirse cuando ellos ya no estén en el Gobierno porque no han sido reelegidos, por haber hecho dicha reforma. Pero este temor es totalmente infundado si se analiza la evidencia empírica disponible.

El único análisis solvente y detallado que se ha hecho sobre la historia de las reformas en 21 países de la OCDE, entre 1985 y 2004, y sobre sus consecuencias electorales (M. Buti, A. Turrini y P. van den Noord, 2008) muestra lo siguiente. Primero, que una pequeña mayoría (entre el 50% y el 55%) de los Gobiernos han sido reelegidos, en cualquier caso, independientemente de si han hecho reformas o no y que el restante 45% a 50% no han sido reelegidos, independientemente de que hayan sido reformistas o no. Esto significa que, en principio, en los 21 países de la OCDE, las reformas estructurales son irrelevantes a la hora de conseguir o no la reelección de sus Gobiernos.

Segundo, entrando en un mayor detalle, esta misma evidencia muestra que la probabilidad de que el Gobierno que ha hecho reformas sea reelegido tiende a aumentar considerablemente, hasta el 65% o 70%, si en su país existe tanto un sistema financiero sólido y eficiente como un sistema de seguridad social de cobertura amplia y un sistema de protección del desempleo extenso y generoso. La razón es muy clara, los afectados pueden vadear su situación temporal con los estabilizadores automáticos y/o endeudándose con una entidad financiera.

Existe asimismo otra evidencia interesante, de otro estudio, en la que un Gobierno reformista que quiere aplicar una reforma y se enfrenta a una restricción presupuestaria, aumenta sus probabilidades de reelección si compensa a los ciudadanos afectados, incluso violando dicha restricción.

En España, existen dos reformas que ya son ineludibles y que es ahora cuando hay que acometerlas, especialmente para conseguir tener una recuperación más sólida y sostenible y menos larga. La primera es la laboral y la segunda es la de la educación, la ciencia y el I+D+i. De ambas voy a ocuparme en los dos próximos artículos.

La primera tiene la ventaja de que, como se ha mostrado en la reciente propuesta de los 100 economistas, puede hacerse sin que prácticamente existan costes a corto plazo y sí amplios beneficios a medio y largo plazo. La segunda, de igual modo, no tendría costes a corto plazo ya que debería centrarse en cambiar los incentivos perversos que existen actualmente, evitando el despilfarro de recursos que hoy producen, que puede reasignarse a ampliar la educación preescolar, mejorar la secundaria y además, conseguir una educación universitaria más eficiente.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research, CEPR.