A vueltas con las cuotas participativas

El foco sigue puesto en las cajas de ahorros. En medio de todo el maremágnum de fusiones o integraciones y la sucesión del presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) que centran la atención del sector, vuelven a cobrar actualidad las cuotas participativas, esos instrumentos similares a las acciones pero sin derecho a voto que sirven para incrementar el capital de las cajas. El debate es recurrente; pero ahora lo hace con más contundencia. La razón es bien sencilla: las nuevas exigencias que se preparan a nivel intercontinental van a obligar a todas las entidades financieras -es decir, tanto bancos como cajas de ahorros- a reforzar su capital.

Nadie tiene duda de que a las entidades se les va a exigir más y eso significa que, seguramente, se endurezca la relación entre los recursos propios básicos -el denominado core capital, es decir, el capital y las reservas- con los activos. Ahora se sitúa entre el 4% y el 5%. Lo que no está claro es cuándo se va a decidir. La reunión de Pittsburgh de esta semana se ha tomado como referencia para poner en marcha el contador y abre un periodo de máxima compulsión. "Si se hiciera de forma inmediata, volvería a estrangular el mercado y podrían obligar a recapitalizar entidades como hicieron varios países", dice una fuente sectorial.

En tales circunstancias, las entidades necesitan ganar tamaño y dotarse de más capital por vías complementarias a la obtención de beneficios para afrontar los nuevos retos competitivos que se aproximan. Una parte del desafío se arregla con la integración de cajas que harán, a la larga, que las pequeñas queden integradas en otras más grandes o con otras similares. Pero eso no va a ser suficiente. "La única manera de tener ratios de capital suficiente son las cuotas", dice una fuente.

La solución son las cuotas participativas, ya que las emisiones preferentes o subordinadas no se consideran core capital. Las cuotas apenas han tenido aceptación -hasta la fecha sólo la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se ha lanzado a la arena-, pese a que se crearon en tiempos de Carlos Solchaga como ministro de Economía y que son del agrado de la CECA, que ha constituido un grupo para impulsarlas y asesorar a las cajas. A Juan Ramón Quintás le gustaría verlas desarrollarse antes de que deje el cargo de presidente el próximo mayo. Precisamente, un periodo que se considera clave para los cambios que se vaticinan y que van parejos a la creación de un sistema de supervisión financiera conjunta.

La cuestión se abordó internamente en la reciente cumbre que celebraron las cajas en Granada con motivo de la presentación de resultados. También en los sucesivos contactos y reuniones que han tenido con los responsables del Banco de España (BE), el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el subgobernador Javier Arístegui, y también con la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.

El interés del BE tiene toda la lógica. Aunque la institución que gobierna Fernández Ordóñez suele decir que las entidades deben someterse a las exigencias del mercado, queda claro que en este caso conducen a la necesidad de ampliar el capital mediante estos instrumentos o la creación de holdings inversores, como el caso de Criteria, de La Caixa.

El tamaño que se ha manejado en el entorno del BE fija unos 50.000 millones de activos, lo que obligaría a muchas cajas a buscar acuerdos. Por ejemplo, Caja Cantabria abre contactos oficiales con otras cajas similares para explorar las posibilidades de integración. También CCM avanza hacia la integración, por la que ha mostrado interés la vasca BBK, cuestión que en el PP se ha visto como un mercadeo con el PNV para que apoye los presupuestos. Cosas de la política.

Y, mientras todo esto se cuece, el futuro de Caja Madrid hierve. Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón elevan el tono en su disputa por la entidad, que se acerca a la renovación que afecta directamente al presidente, Miguel Blesa, quien se ha mostrado a favor de la aplicación de las cuotas participativas cuando ha tenido oportunidad. La sucesión se ha dejado en manos del presidente del PP, Mariano Rajoy, y a la larga quiniela de nombres encabezada por Manuel Pizarro se ha sumado el del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.