El PP abre la puerta a mantener la gestión privada de los parques de bomberos

El incendio del pasado jueves que arrasó una nave industrial de Boiro reunió en los trabajos de extinción a bomberos de cinco parques comarcales (Arzúa, Cee, Boiro, Ribeira y O Salnés) cuya gestión corresponde a tres empresas distintas, sin mando operativo único -el gerente del consorcio provincial es un mando político- y sin protocolo de coordinación (entre la ensalada de empresas y medios) que garantizase un ataque coordinado contra el fuego.

Esa es, a día de hoy, la radiografía del sistema de emergencias de Galicia: minifundio, descoordinación y unos bomberos que ni siquiera están facultados como agentes de la autoridad y que, con la ley en la mano, no podrían dar la orden de desalojar un edificio, ni de cortar el tráfico.

Empresas carroceras de vehículos y sociedades dedicadas a la jardinería se han hecho con las adjudicaciones de los parques de bomberos durante los sucesivos Gobiernos de Fraga. Acuciado por masivas protestas de este colectivo profesional, la Consellería de Presidencia de José Luis Méndez Romeu se comprometió durante la pasada legislatura a rescatar la gestión pública a medida que fuesen venciendo los contratos y a optar por la contratación directa en los nuevos parques siempre de acuerdo con los consorcios provinciales -los de Lugo y A Coruña ya están constituidos- donde también están representadas las diputaciones. Esa era la fórmula prevista para dotar de personal a los seis nuevos parques que el bipartito ha anunciado para la provincia de Lugo y cuya gestión pretendía exportar paulatinamente al resto de Galicia.

Ayer, en la comisión primera del Parlamento donde los partidos debaten sobre Política Insticional, Xustiza e Interior, la diputada del PP Paula Prado empezó felicitando a los bomberos de Boiro, que a esa hora todavía trataban de sofocar las llamas. El orden del día exigía debatir una propuesta del PSOE sobre la creación de los consorcios provinciales de Ourense y Pontevedra cuyas diputaciones (en manos del PP) siempre habían dado largas a la Xunta. Pronto la parlamentaria socialista Beatriz Sestayo exigió al PP garantías de que el nuevo Gobierno gallego no recuperará el sistema de privatización "con adjudicaciones a dedo" de la etapa anterior, en la que el actual conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, tuvo un papel protagonista como director general del mismo departamento.

El PP propuso una enmienda, aceptada por socialistas y nacionalistas, para defender "un sistema homogéneo y profesional de gestión". Los populares se quedaron ahí: la gestión, dijo Prado, "la decidirá cada consorcio provincial". También en Lugo, según confirmó luego la Consellería de Presidencia.