La terquedad de los hechos

Puede que no lleguen a sentirse como Elihu Willsson, aquel personaje de Dashiell Hammett que, además de poseer un banco, una mina, dos periódicos y un montón de empresas, "era propietario de un senador, un par de diputados, el gobernador, el alcalde y la mayor parte de los parlamentarios del Estado". Afortunadamente, Valencia no es Poinsoville ni el argumento de nuestra vida pública alcanza la crudeza novelística de Cosecha roja, pero ¡ya me dirán! El informe de la Brigada Policial de Blanqueo tiene la virtud de iluminar lo acontecido hasta ahora con el caso Gürtel y dota de lastimoso sentido toda la trapisonda de bigotes, trajes, adjudicaciones y regalos en que está envuelta nuestra clase dirigente desde hace meses. Aquí también hay empresarios que pueden sentirse propietarios de diputados, partidos y gobiernos. Lo que, dicho sea de paso, resulta bastante repugnante.

Es cierto que el enredo olía desde el principio a financiación irregular del PP y que la reacción atolondrada de los portavoces de la Generalitat a cada paso de la investigación daba la sensación de esa excusa que lo fía todo al histrionismo porque carece de solidez alguna. Se había instalado, sin embargo, la sensación, sobre todo después de que el caso de los trajes regalados fuera archivado por el tribunal, de que tampoco esta vez llegaría la pesquisa al fondo del asunto. Pero no es así. Los hechos que se refieren en el informe policial aportan verosimilitud al episodio. Sabíamos hasta ahora que el partido que gobierna las instituciones valencianas había establecido relaciones más que sospechosas con un tinglado que ingresa de la Administración pública y del PP al mismo tiempo por servicios que a menudo se confunden. Sabíamos de una trama de fraude masivo que movía los hilos del tinglado. Conocíamos al titiritero local del espectáculo y a sus cómplices. Pudimos asistir asombrados al tráfico de trajes en el que se vio envuelto un presidente de la Generalitat que prefirió rebajarse al papel de títere ingenuo para defenderse. Pero nos faltaba una pieza. ¡Y aquí está!

Algunas de las constructoras valencianas más conocidas, empresas adjudicatarias de la Generalitat y de otras administraciones, son señaladas por la policía como financiadoras del PP. La cobertura la habría ofrecido Orange Market, terminal de una trama de corrupción masiva. Con ello, se establece un segundo nivel de captación ilegal de fondos para el partido. Si el primer nivel consistía en saquear las arcas públicas, el segundo dibuja un mecanismo clásico de soborno. Entre sus protagonistas, algunos que ya actuaban en la función y otros que irrumpen con cierto estrépito en el escenario. ¿Cuánto tiempo podrá seguir mirando Francisco Camps hacia otra parte mientras los suyos meten ruido? Como se ve, los hechos son más tercos que las moscas.