La Xunta reclama a los contribuyentes más ricos 41 millones en impuestos

Los servicios de recaudación de la Xunta reclaman a los contribuyentes con mayores capitales 41 millones de euros por el Impuesto de Patrimonio, un tributo que desapareció en diciembre del año pasado. La suma, que según el PSdeG supera a todo el plan de austeridad del gobierno de Alberto Núñez Feijóo, figura en los Presupuestos de este año sin que se sepa en qué plazo se va a cobrar. Todo dependerá, según el director de Tributos, Carlos Rodríguez, del tiempo en que tarden "los tribunales en resolver los recursos presentados".

La información saltó ayer en la Comisión de Economía del Parlamento gallego, que se convirtió en un monográfico sobre los tributos y su gestión. En defensa de la Xunta, Rodríguez aseguró que la Administración no puede recurrir a la vía ejecutiva para recaudar mientras estén en vigor las suspensiones, una opción a la que pueden apelar los contribuyentes para demorar el pago.

El Grupo Socialista exige que se sancione a los defraudadores

Estas suspensiones sirvieron de argumento a la portavoz de Economía del Grupo Socialista, María José Caride, para reclamar al Ejecutivo que "sancione a las grandes fortunas igual que está sancionando a cualquiera que se equivoque en la declaración de la renta".

La diputada exigió que "no se otorgue un trato de favor a quien más oportunidades tiene de defenderse, por saber cómo mover su patrimonio y disponer de recursos para contratar asesoramiento y librarse de las sanciones". Unas sanciones que, para el director general de Tributos, se impondrán a los morosos, si se da el caso, "junto con los intereses de demora que correspondan".

El Impuesto de Patrimonio, que fue suprimido por el Gobierno central con Pedro Solbes como ministro de Economía, supuso en 2008 una recaudación en Galicia de 81 millones de euros y de 74 millones un año antes. Gravaba desde cuentas corrientes a inmuebles, fondos de inversión, joyas, pieles, automóviles o embarcaciones, y su pago era obligatorio a partir de 108.000 euros. Ocho tramos determinaban el tipo aplicable, con un máximo del 2,5% para bases imponibles superiores a diez millones de euros. Fuentes de la Consellería de Facenda negaron que su supresión vaya a significar una amnistía fiscal para las deudas contraídas con anterioridad al 2008.

El debate sirvió además para aclarar otras reformas que se avecinan, como la eliminación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que durante el bipartito se extendió al 90% de los contribuyentes. El nuevo Gobierno cree que "ya no cumple con sus funciones redistributivas y tiene un carácter residual en cuanto a capacidad recaudatoria", pese a que este año están previstos ingresos que suman 135 millones de euros.

Para el partido en el Gobierno, mantener este gravamen, que otras comunidades autónomas han ido dejando en su mínima expresión, puede favorecer la "deslocalización".

Caride no dejó pasar la oportunidad para criticar la "doble vara de medir" del Gobierno gallego. "La Xunta prima a las grandes fortunas", dijo, y recordó que desde la última reforma "las rentas medias y bajas ya no tienen que pagar" por sucesiones. "En algunos casos les parece que una renta alta son 600 euros al mes [en referencia a las ayudas para la compra de libros] y en otros se hace una deducción en la vivienda sin límite de ingresos", censuró, en alusión a la modificación que el PP ha iniciado sobre otro impuesto, el de Transmisiones Patrimoniales.