Xunta y Fiscalía preparan acciones conjuntas contra la explotación sexual

La Fiscalía Superior de Galicia y la secretaría de Igualdade de la Xunta anunciaron ayer la elaboración de un protocolo pionero en España para perseguir el tráfico de mujeres y proteger a las víctimas de redes de proxenetas. 1.847 mujeres denunciaron entre 2005 y 2008 que trabajaban sometidas por mafias. Con la nueva directriz se pretende mejorar la colaboración entre los organismos públicos y los cuerpos de seguridad, que, hasta el momento, se ha demostrado insuficiente y descompensada, como reflejan los últimos informes sobre prostitución publicados, que pormenorizan poco y dan datos contradictorios sobre el fenómeno de la prostitución.

Mediante el nuevo documento se perfeccionarán los mecanismos de respuesta del sistema policial, administrativo y judicial, "en relación con esta criminalidad organizada", explicó el fiscal jefe, Carlos Varela, para movilizar recursos contra la explotación de mujeres. Ya el lunes, la secretaria de Igualdade de la Xunta, Marta González Vázquez, adelantó que el Gobierno tomará medidas para perseguir este delito y presionar al Estado para endurecer las leyes contra la prostitución. El Gobierno autónomo prevé elaborar un informe en el que actualizará las cifras sobre la prostitución en la comunidad.

La falta de datos actualizados hace difícil abordar el problema

El protocolo pretende mejorar la colaboración con los cuerpos de seguridad

Con el nuevo protocolo, la Xunta y la Fiscalía pretenden ampliar la colaboración con organizaciones como Médicos del Mundo o Cáritas, que en muchos casos son capaces de dar cifras más certeras sobre las situaciones en que se ejerce la prostitución en Galicia. Por medio del nuevo plan se prestará asistencia a las mujeres, "se les reconocerán derechos asistenciales y se les darán tratamientos médicos urgentes y adecuados", puntualizó el fiscal. Entre el público que asistió a la presentación del protocolo estaba también la presidenta de la asociación feminista Faraxa, Carmen Lago, que pidió que los gobiernos, "que hacen leyes contra la violencia de género, consideren la prostitución como este tipo de violencia".

La falta de información actualizada en Galicia dificulta que se pueda hacer un diagnóstico sobre el problema y abordarlo desde las instituciones. La comunidad lleva desde 2004 sin ofrecer datos minuciosos sobre prostitución. "El tráfico de mujeres para fines de explotación sexual", defiende Varela, "es un fenómeno clandestino, cerrado y complejo que impide dar datos oficiales sólidos". Durante el Gobierno bipartito no se recopiló un sólo dato que contextualizara el problema. Sólo la Fiscalía reunió, en un informe publicado en marzo, datos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que resultaban, además, contradictorios. Varias ONG, como Alecrín, ahora reconvertida en Faraxa, aseguraron entonces que había el doble de prostíbulos de los que identificaba el informe de la fiscalía.

Ésta no niega que exista un elevado número de prostíbulos en los que ejercen mujeres rumanas y brasileñas que han llegado a Galicia por medio de redes ilegales. El fiscal alertó sobre la dificultad que plantea identificar pisos donde se ejerce la prostitución. El cierre de locales, sin embargo, es escaso. "Siempre vuelven a abrir, con otro nombre, y la policía no los revisa, porque ya lo hizo", explica Ana Míguez, presidenta de la desaparecida Alecrín, para quien "la respuesta de dónde están los pisos está en los anuncios clasificados".