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Sanidade no garantiza para el nuevo hospital de Vigo las camas previstas

El bipartito no tramitó 19.691 solicitudes de citas médicas, según Farjas

La revisión del plan funcional del nuevo hospital de Vigo contempla la opción de reducir en unas 500 camas las 1.400 previstas en el proyecto que desarrolló la Xunta bipartita, una dimensión que fuentes de la Consellería de Sanidade evitaron confirmar ayer "porque el plan funcional no está concluido". El recorte de 500 camas, si finalmente se consuma, sí confirmaría la pérdida del carácter estratégico que el proyecto del bipartito otorgaba al nuevo hospital vigués, según denunció ayer mismo la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (Agdsp).

El recorte en las dimensiones del nuevo hospital de Vigo se asocia con el mantenimiento, aunque tome otra denominación, del concierto singular del sistema público con el Hospital Povisa, que caduca este mismo año y para el que, de momento, no hay una formulación alternativa. No obstante, el gerente del Complejo Hospitalario de Vigo informó el martes a los jefes de servicio "de manera bastante vaga", según las fuentes consultadas por este periódico, de las orientaciones del nuevo plan funcional, en el que se reserva un área de salud aún no definida para el Hospital Povisa.

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El proyecto del bipartito pretendía, al hilo de la construcción del nuevo hospital, la unificación de los recursos hospitalarios del área sanitaria y acabar con la actual triple puerta de acceso al sistema público, determinada precisamente por el concierto singular con Povisa. Este hospital privado tiene asignada ahora la asistencia de una población de unos 140.000 habitantes. El nuevo hospital daba pie a una reordenación del área sanitaria, de modo que hubiera una sola puerta de entrada al sistema público desde la cual se derivarían los pacientes a algunos de los tres hospitales (el nuevo, que sustituirá y ampliará el Xeral; el Meixoeiro y Povisa), con especialización diversificada. Los tres actuales funcionan como hospitales generales, lo que incide en una falta de eficiencia del sistema.

El anuncio del posible recorte de camas, según interpreta la Agdsp, muestra la capacidad de Povisa para condicionar la planificación sanitaria del área viguesa y hacerse con ello imprescindible. El hospital privado ya ha situado personal propio en el nuevo equipo gestor de la sanidad pública, como la gerente del Sergas, Rocío Mosquera, procedente del Hospital da Esperanza de Santiago, perteneciente al mismo grupo hospitalario. La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, comprometió ayer en el Parlamento que "la gestión y asistencia" del nuevo hospital vigués serán públicas y reiteró que su construcción será licitada antes de que acabe el año, aunque evitó concretar cómo se financiará.

El asunto concitó una primera reunión el lunes de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, en la que participaron numerosas asociaciones cuyos representantes se aprestaron para la movilización si se desvían los criterios públicos del proyecto del bipartito a otros en los que el negocio sanitario cobre el mayor peso.

Farjas, por otra parte, desveló ayer que el bipartito dejó "en el cajón", sin tramitar, un total de 19.691 solicitudes de citas médicas para especialidades como oftalmología, traumatología, reumatología o ginecología de diversos hospitales del Sergas. "Pacientes no registrados y pendientes de programación", apostilló. De esas casi 20.000 solicitudes no tramitadas, 2.500 son ecocardios en el Complejo Hospitalario de Pontevedra, según añadió Miguel Santalices, portavoz popular.

La revelación de Farjas se produjo al responder una interpelación de la diputada nacionalista Ana Luísa Bouza, quien se interesó por conocer qué fórmula utilizará la Xunta para reducir las listas de espera. La conselleira señaló que había personas "que nunca existieron en las listas oficiales y que quedaron fuera para evitar engordar los tiempos" en los listados que publicitaba el bipartito. "Fue la legislatura de las mentiras, del despilfarro y del fracaso estrepitoso", abundó después Santalices.

Los datos, dijo Farjas, se desprenden de una auditoría sobre listas de espera que elabora su departamento y cuyo informe se presentará la próxima semana.

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