Asociaciones de inmigrantes tildan la ley de "policial"

Representantes de 30 asociaciones de extranjeros reunidos en la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes pidieron ayer la retirada del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería por considerar que les criminaliza y lesiona gravemente sus derechos.

Lo hicieron en una reunión con el diputado socialista Óscar Seco y el secretario del Grupo Parlamentario de IU-ICV, José Manuel Fernández.

El PSOE se comprometió a seguir escuchándoles. "Los partidos han presentado cerca de mil enmiendas, y nos han prometido que podremos seguir participando en el debate durante su discusión", afirmó Arsenio García, abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), asistente a la reunión. "Aunque algunas cosas parecen inamovibles, como la ampliación del periodo de internamiento a 60 días, porque el PSOE nos ha dicho que es una 'promesa electoral'. Para nosotros es una aberración que se encierre a alguien por no tener papeles, es decir, por una falta administrativa como una multa de tráfico".

También les preocupa el endurecimiento de los requisitos para la reagrupación familiar que, en su opinión, vulnera "el derecho a vivir en familia reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos", y "facilita situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares".

Consideran que se "criminaliza la solidaridad" al sancionar con hasta 10.000 euros a quienes empadronen en sus casas a inmigrantes sin papeles. "Estar empadronado es fundamental para acceder a la sanidad y la educación", explicó García. "Es una ley policial, basada en el control, no en la integración, que ahonda en la criminalización del inmigrante y la dinámica de racismo que abren directivas como la de retorno de la Unión Europea", añadió.