Un juez ordena embargar bienes de Jabyer Fernández por 20 millones

La quiebra de Iurbenor estaba cantada. La sorpresa ha sido que el presidente del grupo Afer, Jabyer Fernández, y administrador único de la promotora Iurbenor, tenga que responder ante el juez con el embargo de sus bienes por 20 millones de euros.

En enero pasado el empresario logró eludir la suspensión de pagos en la misma puerta del juzgado al alcanzar un acuerdo con la Caixa y BBK para la venta por 310 millones de los antiguos terrenos de Sefanitro y Befesa, en Lutxana (Barakaldo), donde promovía el fallido proyecto Puerta de Bilbao para construir 2.000 viviendas. Pero en esta ocasión el juez de lo Mercantil Edmundo Rodríguez Achutegui no sólo declara el concurso voluntario, sino que cree que hay fundadas evidencias de que Fernández ha incurrido actuaciones recogidas en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, que se refiere a "irregularidades contables", "presentación de documentos falsos", o "simulación de situación patrimonial ficticia" en la sociedad concursada.

El auto habla de irregularidades al desaparecer 18,6 millones del IVA

Las razones que le llevan a pensar eso y, en consecuencia, a embargarle sus bienes, es que Jabyer Fernández no solicitó concurso de acreedores al menos en mayo, cuando la Diputación de Vizcaya le negó el aplazamiento de la deuda tributaria de 43 millones en concepto de IVA, por lo que ya sabía entonces que era insolvente. El auto resalta que Iurbenor ya había recibido el dinero por ese concepto. Neinor SA, sociedad participada al 100% por la BBK, transfirió en enero a Iurbenor 18,6 millones por el IVA que le correspondía en la compra de los terrenos de Barakaldo. La desaparición de ese dinero, que Iurbenor dice que gastó "en pago de deudas", lleva a pensar al juez que ha habido una contabilidad "irregular" y posible "alzamiento de bienes".

En febrero, Fernández cesó al entonces secretario de Iurbenor, el abogado y presidente del Athletic de Bilbao, Fernando García Macua, por objetar a la decisión de solicitar al aplazamiento del pago del IVA de la operación. Su denegación por la Diputación de Vizcaya está recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior.

La administración concursal recaerá en el abogado Raúl de los Bueis, en la auditoría Escobosa y Asociados Auditores Consultores SL y en la propia Diputación foral, como principal acreedor. El juez, que está a la espera de la valoración de algunos activos y sociedades participadas, como Habidite, explica en el auto que la medida cautelar dictada sobre los bienes de Fernández se adopta ante "la fundada posibilidad de que el concurso se califique como culpable".