Such reclama al Gobierno que cambie la financiación de la Dependencia

La consejera de Bienestar Social, Angélica Such, solicitó ayer al Gobierno que el nuevo modelo de financiación autonómica de la Ley de la Dependencia incluya no sólo a los dependientes reconocidos hasta el mes de abril, sino que este plazo se extienda hasta final de año. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decidió reconocer los esfuerzos hechos por las administraciones que mejor han gestionado el proceso de solicitudes y vincular parte de los fondos a la eficacia administrativa -que vinculó al número de casos reconocidos-.

Such, que ayer acudió a Madrid para entrevistarse con el secretario general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Francisco Moza, señaló que de aplicarse la financiación tal y como está se ignora a personas dependientes incorporadas a partir de abril, lo que "supondría una carencia aún mayor de financiación estatal durante el próximo año". La consejera de Bienestar Social mostró, además, su intención de coordinar con el resto de comunidades autónomas cuestiones como la resolución de expedientes en caso de fallecimiento o la formación de cuidadores.

El consejero se aferra al discurso de que el Gobierno niega el agua

Such recordó que la consejería ha puesto en marcha un nuevo decreto que "simplifica el largo sistema establecido en el Decreto 171/2007" destinado a obtener la máxima rapidez en la tramitación de la documentación. La Comunidad Valenciana es de las últimas en los registros oficiales que recogen el grado de aplicación de la ley.

A esta cuestión se refirió ayer el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia, que denunció que el Consistorio y la Generalitat tienen "atascadas" 7.135 solicitudes de personas con discapacidad y mayores de la ciudad. El concejal Julio Such indicó que de las más de 8.000 peticiones remitidas al Ayuntamiento, sólo 920 vecinos tienen reconocido el derecho a cobrar ayudas o recibir la prestación que les corresponde, después de dos años y medio de vigencia de la ley. "Si el PP sigue el mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocer los derechos a las 7.135 personas [pendientes de respuesta]", denunció.

También a Madrid, pero al Ministerio de Medio Ambiente, viajó el consejero Juan Cotino, para encontrarse con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu. El vicepresidente tercero expuso "las principales reivindicaciones" de la Generalitat en materia hídrica.

Cotino recuperó el discurso, atenuado en los últimos tiempos, de que el Gobierno "sigue negando el agua a los valencianos". Para el consejero, mientras el presidente Rodríguez Zapatero "no se dé cuenta" de que la supresión del trasvase del Ebro es mala para toda España, "no hay nada que hacer". No obstante, el consejero de Medio Ambiente consideró que el trabajo con el ministerio de cara a alcanzar acuerdos se mueve en una "línea positiva". Sobre la demarcación del Júcar, Cotino calificó de "irracional" que se plantee una nueva cuenca que incluye el Vinalopó bajo supervisión del Estado, y deja fuera L'Alacantí porque sus ríos son competencia del Consell. El gobierno valenciano aboga por una gestión integrada de ambas comarcas, lo que choca con la exigencia legal de que asuma los ríos internos. Según la consejería, Puxeu se comprometió a estudiar las alegaciones para una posible revisión del decreto de la demarcación del Júcar. Ambas partes se volverán a reunir en dos meses.