Los jueces presionan a la Junta contra el plan de recorte de gastos

La tensa relación que mantienen los jueces y la Junta de Andalucía sufrió ayer su enésimo capítulo. A principios de septiembre la Consejería de Justicia decidió entregar un bonobús a cada funcionario del servicio de notificaciones en Sevilla y suprimir los taxis por el drástico plan de recorte de gasto puesto en marcha. Y tras la tregua del verano, ayer el juez decano sevillano, Federico Jiménez, amenazó con suspender las comunicaciones desde el juzgado de guardia y las dirigidas a la cárcel a partir de hoy si no se ponía remedio al retraso generado. La Administración reculó pero sólo parcialmente, y horas después confirmó que los servicios de taxis a la prisión se mantendrán debido a la ausencia de transporte público.

"Es una calamidad. Si un funcionario hacía 35 diligencias al día, ahora sólo 15"

La eliminación de los taxis ha provocado que notificaciones fundamentales como embargos, órdenes de alejamiento o ingresos en prisión se reduzcan al 30% de su ritmo habitual. El retraso afecta a fiscales, magistrados, abogados y procuradores, pero sobre todo a los ciudadanos. Ante la amenaza del colapso por el creciente atasco, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado un informe sobre el conflicto a Augusto Méndez de Lugo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Junta prevé ahorrar dos de los tres millones que gasta cada año gracias al plan de austeridad y destinar el dinero a generar 40 empleos en los juzgados de Familia y Menores. Pero este ahorro ha supuesto sólo en 15 días que más de 2.000 notificaciones y 500 embargos estén pendientes de entrega en la capital andaluza. "Es una calamidad. Si un funcionario hacía 35 diligencias al día, ahora sólo llega a 15. No se puede pasar de 20 taxis a cero y creo que entrarán en razón", lamentó María Isabel Aznar, secretaria del Servicio Común de Notificaciones.

Para llegar a ciertas zonas del extrarradio sevillano, los funcionarios judiciales deben realizar dos transbordos en autobús. "Para un embargo en Sevilla Este el funcionario debe coger tres autobuses. Además, aquí ya no hay espacio y las baldas se están doblando con tantas notificaciones pendientes de entrega", detalla Aznar. Un total de 22 pueblos dependen del partido judicial de la capital andaluza.

Si no se restauran los taxis, el juez decano sevillano ha pedido a la Consejería que dote al juzgado de guardia de un vehículo preferente para poder practicar las diligencias necesarias. En una misiva, Jiménez advierte de "la gravedad de la situación" al TSJA, a la Consejería, a la Fiscalía y al delegado del Gobierno, entre otros.

La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, defendió ayer su apuesta por la "austeridad" para "reorganizar" las notificaciones. "El taxi acompaña al funcionario toda la mañana y hay que dotar al servicio de mayor eficacia", explicó. Álvarez argumentó que el autobús tiene en las ciudades "la misma agilidad" que el autobús y "llega a todos los rincones a la misma velocidad". Pero los funcionarios recuerdan que existen zonas de alta peligrosidad sin líneas de autobús y donde deben acudir incluso escoltados por la policía. El sindicato CC OO abogó ayer por la incorporación de diez funcionarios que desatasquen el servicio, así como el mantenimiento de los taxis para las zonas conflictivas.

La espinosa medida está pendiente de instaurarse en las otras siete provincias andaluzas. Mientras en Málaga se aplica ya un plan de recorte con rutas trazadas para que los funcionarios compartan los taxis, según informa Fernando J. Pérez, en Huelva la Junta se ha comprometido con los taxistas onubenses a pagar "de inmediato" la deuda de 30.000 euros contraída sólo en lo que va de año.