El 'caso Gürtel' y la falta de acuerdo blindan a De la Rúa en el TSJ

No hay acuerdo ni se espera que lo haya en breve. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 1 de septiembre la apertura del concurso para cubrir la plaza de presidente en los tribunales superiores de justicia del País Vasco y de las Islas Baleares. La Comunidad Valenciana, junto a Cataluña y Murcia, no fue incluida porque no hay acuerdo entre los 21 miembros del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incluido su presidente, Carlos Dívar.

También pesa sobre el asunto el hecho de que el archivo del caso Gürtel, que afecta al presidente de la Generalitat y otros tres cargos del Consell y del PP, decidido el pasado mes de agosto con la intervención decisiva del presidente del TSJ valenciano, está recurrido en el Tribual Supremo. Esos dos factores blindan, de momento, al presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, que ve prorrogado su cargo.

En el caso de la Comunidad Valenciana, no se espera que las negociaciones avancen un paso antes de Navidad, como pronto. De fondo, la decisión pendiente por parte del Tribunal Supremo sobre el archivo del caso Gürtel, la trama de corrupción con la que se han visto implicados Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia.

A pesar de que el sector conservador del CGPJ, integrado por los nueve miembros propuestos por el PP, que mayoritariamente son de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), está de acuerdo en el relevo de De la Rúa por el actual presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano, la plaza no va a salir a concurso. No lo hará en los próximos meses no sólo porque está pendiente el respaldo o rechazo de un archivo firmado precisamente por el actual presidente en funciones del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, al que Camps calificó de más que amigo, sino porque tampoco hay acuerdo sobre los relevos en Cataluña y Murcia. La división que existe en el seno del sector progresista, formado por los nueve miembros propuestos por el PSOE, tampoco está facilitando las cosas. Unos apuestan por ir sacando convocatorias de cargos que no precisan de la mayoría cualificada de tres quintos (como las presidencias de las audiencias), y otros prefieren que se llegue a pactos y se vayan cambiando cromos para preservar determinados destinos.

La situación actual extiende el interinaje a la Audiencia Provincial de Valencia. Pedro Castellano lleva dos mandatos al frente de ella. Aspira a la presidencia del TSJ, pero parece claro que mientras no salga a concurso esa plaza, entrará en periodo de prórroga. La presidencia de la Audiencia debería cubrirse ahora porque el mandato expira en septiembre.

Juan Luis de Rúa es el beneficiado de esta situación. El magistrado conservador que nunca contempló abstenerse en el caso Gürtel porque entendía que no había razones, a pesar de las manifestaciones sobre él de Camps, permanece en el lugar en el que quiere estar. Sobre todo porque su aspiración de ir al Tribunal Supremo se ha visto dos veces ya frustrada por falta de apoyos y porque ahora no existe vacante que cubrir en la Sala de Lo Social, su especialidad.