Terceros en discordia

La subcomisión del Congreso de los Diputados creada al comienzo de esta legislatura para preparar las grandes líneas de una eventual reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), de 1985, parece perdida en el desierto de las discusiones bizantinas y el mutuo obstruccionismo. No será por falta de ayuda. El excelente informe elaborado hace un año a instancias del Gobierno por el Consejo de Estado con el objetivo de analizar las principales propuestas de reforma electoral sugeridas por las fuerzas políticas y por los expertos en la materia durante el último quinquenio pasa revista a un gran número de controvertidas cuestiones y apunta soluciones posibles.

No hace falta demasiada suspicacia para temer que el abrumador predominio sobre la Cámara Baja -más de las cuatro quintas partes de los escaños- de los dos grandes partidos de implantación estatal bloquee cualquier modificación sustancial que perjudique la ventajosa posición adquirida por socialistas y populares respecto a terceras opciones de ámbito nacional -como IU y UPyD- si se alterasen las reglas de transformación de los votos en escaños.

Bastaría una ley orgánica para reducir a un solo diputado los dos ahora exigidos por la normativa

El reconocimiento constitucional de la provincia como circunscripción electoral (esto es, de las 50 demarcaciones supramunicipales heredadas del siglo XIX) es el principal condicionante estructural de las discriminaciones padecidas por los partidos minoritarios. La aparatosa distancia demográfica que separa entre sí a las provincias (desde los millones de madrileños hasta las decenas de miles de sorianos) combinada con el sistema de representación territorial condenaría a los territorios menos poblados a una representación casi ridícula en el Congreso. La ingeniería electoral de la transición inventó un ingenioso mecanismo correctivo para evitarlo: la fijación de un número fijo de diputados (ahora son dos) por provincia -cualquiera que sea su población- con independencia de los que luego sean elegidos de acuerdo con su censo total. El precio a pagar por esta fórmula salvadora del honor de las circunscripciones desertizadas ha sido muy elevado para la equidad democrática: la sustitución primero del sistema proporcional por otro prácticamente mayoritario en las provincias menos pobladas (inclinadas ideológicamente hacia la derecha en buen número de casos); la desigual eficacia del voto individual en función de la circunscripción donde se deposite la papeleta (un diputado madrileño necesita muchas más adhesiones individuales en las urnas que un colega soriano para lograr el acta), y la marginación de los terceros partidos en los territorios menos poblados al grito del voto útil.

Si socialistas y populares se pusiesen de acuerdo, resultaría muy fácil modificar la LOREG en este punto. Aunque la supresión del principio de la representación mínima por provincia exigiría una reforma constitucional, bastaría con una ley orgánica para reducir a un solo diputado los dos ahora exigidos por la normativa y para elevar de 350 a 400 el total de miembros del Congreso (una posibilidad prevista por la Constitución). ¿Querrán hacerlo PSOE y PP?