Caride: "La Xunta vende la costa a precio de saldo"

Oposición y colectivos ecologistas salieron ayer en tromba contra el giro que el Gobierno de Feijóo pretende dar a la política acuícola. A falta de otros foros en los que discutir el informe previo que el jueves aprobó el Consello de la Xunta, PSdeG y Bloque aprovecharon la comisión de Economía que se celebraba en el Parlamento gallego para hacer pública su oposición a los planes de Mar.

Allí, la diputada y ex conselleira María José Caride, acusó a la nueva Xunta de "vender la costa a precio de saldo". La parlamentaria socialista se centró en el cambio de sistema que convertirá en propietarias de los terrenos a las empresas que proyecten nuevas piscifactorías. En el anterior plan acuícola las sociedades sólo eran beneficiarias de concesiones administrativas que les permitían instalarse por un número de años en una franja de costa propiedad de la administración. La ex conselleira recordó como determinadas sociedades, entre ellas Pescanova, compraban terrenos de la Red Natura pagando a un euro el metro cuadrado.

El portavoz en materia económica del BNG, Fernando Blanco, lamentó que nadie va a ir a la Costa da Morte "a visitar piscifactorías" y abogó por preservar entornos hanturales para fomentar el turismo, informa Europa Press.

El diputado del PP Pedro Puy defendió el proyecto de Touriñán que "es aceptado por todo el mundo", incluida la Unión Europea y el alcalde socialista de Muxía, Félix Porto (PSdeG). Caride replicó que la actuación es "ilegal".

"Remiendo partidista"

La asociación ecologista Adega, que ya había sido muy crítica con el plan acuícola del bipartito, censuró a través de un comunicado "el intercambio de cromos" que ha puesto en marcha Feijóo con la sustitución de cuatro granjas marinas en Muxía, Camariñas, Ribeira y Malpica por la de Cabo Touriñán. Este colectivo lamentó las formas "despóticas" del Ejecutivo del PP. Y avanzó que las protestas volverán a la calle contras las plantas que la Consellería de Mar pretende autorizar.

Adega recuerda que en la anterior legislatura sus activistas ya invadieron terrenos de una planta que ocupaba un espacio protegido de la Red Natura en Ribadeo, "algo que puede volver a pasar". La nota también se dirige a las empresas que promueven las plantas acuícolas en Galicia y les recuerda que "la inseguridad ambiental sólo genera inseguridad jurídica".