Dudas, retos y escándalos en Benidorm

Al nuevo equipo de gobierno que dirigirá el Ayuntamiento de Benidorm no le espera un futuro fácil. El Consell, pese a las declaraciones efectuadas ayer por su portavoz, Paula Sánchez de León, -"Es evidente que no va a haber modificación en la política respecto de Benidorm"- ya ha empezado por adelantar la inauguración del Instituto Valenciano de Turismo. Inicialmente estaba prevista para el 24, dos días después de la toma de posesión del nuevo alcalde, y ahora se ha pasado al 14 para que Francisco Camps corte la cinta junto al actual, todavía del PP, Manuel Pérez Fenoll.

Parece claro que los compromisos adquiridos por las administraciones autónomica y central se van a mantener, pero no tanto que en el futuro todo vaya a ser igual.

Navarro tendrá que desbloquear el suelo del hospital y la estación de autobús

La Generalitat, al contrario de lo que ha hecho en Dénia donde se ha volcado desde que el PP consiguió la alcaldía de la mano de un tránsfuga, no estará muy por la labor y las inversiones del Gobierno serán vigiladas con lupa por el PP para insistir en sus tesis de que la baja de militancia en el PSOE del futuro gobierno local es un paripé. Estas son las dudas.

El mayor reto que tendrá Agustín Navarro es conseguir liquidez para hacer funcionar el Ayuntamiento que está prácticamente al límite de su capacidad de endeudamiento y poner al día el urbanismo de la capital de La Marina Baixa, con un Plan General por elaborar y varios Planes de Actuación Integral (PAI) pendientes de desarrollo. Además, tendrá que acabar el paseo marítimo de Poniente.

Navarro tendrá que poner fin o explicar con luz y taquígrafos el escándalo que supuso una permuta de suelo que perjudicaba claramente a Benidorm en beneficio de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.

Mientras tanto las broncas internas en el PP se suceden. El presidente provincial de Alicante fue marginado por la dirección regional, que prefirió mandar a un vicesecretario antes que a José Joaquín Ripoll.La situación financiera del Ayuntamiento es delicada. Según datos del Ministerio de Economía, Benidorm es el tercer municipio turístico más endeudado de España. Su débito con los bancos supera los 100 millones, y su presupuesto anual es de 105. Pero al margen de la economía, los últimos años también han sido pródigos en reveses judiciales al urbanismo del PP. Diversas sentencias han enquistado el desarrollo urbano para completar el Plan General de 1990.

El plan Armanello, con casi 300.000 metros, fue adjudicado a Enrique Ortiz en 2001, pero estuvo en el juzgado hasta 2008. El plan parcial prevé la construcción de casi 4.000 viviendas en rascacielos diseminados, si bien todavía no se ha desarrollado. Y en peor situación está el plan Murtal (907.000 metros para 2.000 viviendas) que se adjudicó en 2000 al constructor Francisco Gómez, El Paloma.

Dos sentencias han inhabilitado esta actuación casi por completo. La última anuló el pago en suelo por parte del Ayuntamiento de los gastos de urbanización del terreno que le tocaba por el 10% del aprovechamiento lucrativo del sector. A finales de 2008 el Tribunal Supremo también anuló la compensación en metálico del 34% del aprovechamiento de todo el sector.

El plan parcial Discotecas tampoco se ha hecho a pesar de que un convenio con los propietarios liberó el suelo donde se ubica actualmente el Palacio de Justicia y los 42.000 metros de la estación de autobuses. También acumula transferencias de aprovechamiento del suelo urbano que algunos conocidos empresarios tenían en Serra Gelada antes de que este paraje fuera declarado parque natural.

Entre los retos que deberá encarar el nuevo gobierno en los próximos 20 meses está, sin duda, la finalización del paseo marítimo de Poniente para completar el frente litoral, con financiación estatal.

Los populares también intentaron atrapar a los concejales del PSOE en su negativa a construir un segundo hospital comarcal con una propuesta de permuta de suelo que perjudicaba claramente a Benidorm en beneficio de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. La empresa pública pretendía obtener 7.000 metros de suelo industrial del Consistorio que valen más de 4 millones de euros y tenían una carga favorable de 1,3 millones que desconocía el alcalde, a cambio de 80.000 metros de suelo rústico en el entorno de Terra Mítica.

El próximo gobierno propone construir una Ciudad de la Salud en 150.000 metros. La superficie para el hospital público la debería ceder directamente la SPTCV a la Generalitat y el resto del suelo se licitaría para su explotación y construir un hospital privado y una residencia geriátrica. Para ello es preciso la colaboración del Consell.

Y por último, la modificación del contrato de gestión de la estación de autobuses, adjudicada a Ortiz e Hijos y Auplasa, permitió ampliar la zona comercial y construir un hotel. Pero el TSJ anuló una parte de la concesión, aunque ha sido recurrida en casación al Supremo. Ante las escasas posibilidades de que prospere el recurso, el gobierno actual preparaba un nuevo pliego de condiciones para legalizarla.

Ortiz hipotecó el complejo por 22 millones tras su apertura. Esa carga casi imposibilita la concesión a otro adjudicatario.