El juez llama a declarar a un directivo de un astillero vigués por un naufragio en Cádiz

La instrucción judicial sobre el naufragio en 2007 del pesquero gaditano Nuevo Pepita Aurora sumará en los próximos días nuevas declaraciones, una de ellas en Vigo. El juez ha solicitado la declaración en calidad de testigo de un responsable del astillero vigués Nodosa, que construyó el barco que se hundió el 5 de septiembre de 2007 en el Estrecho de Gibraltar cuando regresaba de Marruecos. El vuelco provocó la muerte de ocho marineros.

La declaración del directivo de Nodosa será el 29 de octubre en Vigo. Jesús Gómez, el abogado de José Vega, patrón, armador y hasta ahora único imputado, ha requerido también la declaración, en calidad de imputados, del representante legal del astillero gallego y del ingeniero naval responsable del proyecto.

Por el naufragio de este barco de Barbate (Cádiz) tendrán que comparecer asimismo los buzos que inspeccionaron el buque. Sin embargo se ha denegado cualquier posibilidad de reflotar el pesquero que sigue hundido a 29 metros de profundidad. Para las viudas y para el armador, el reflotamiento es la única posibilidad de que se conozca realmente lo que ocurrió.

El Nuevo Pepita Aurora se terminó de hundir cuando era remolcado hacia la costa de Tarifa en las horas posteriores al naufragio. Llegó a estar a 137 metros de profundidad pero pudo ser llevado más cerca de la costa, a 0,8 millas, con una profundidad de 29 metros. En total, el mar devolvió cinco cuerpos pero otros tres siguen desaparecidos desde entonces.

El abogado del armador imputado ha sido el que ha insistido más veces, la última el pasado mes de julio, en reclamar el reflotamiento del barco. Es una petición compartida por las mujeres de los fallecidos, los supervivientes y los pescadores de Barbate. En su último requerimiento al juzgado, el letrado insistía en que la única manera de acreditar la verdadera estabilidad del pesquero es sacándolo a flote y analizándolo en tierra.

El abogado está dispuesto a presentar presupuestos exactos de lo que costaría la operación pero calcula que, al estar en una zona cercana y próxima a la costa, no debía suponer más de 400.000 euros. El Ministerio de Fomento negó en su día la posibilidad de reflotarlo por su precio excesivo y su dudosa eficacia. El juez, hasta ahora, ha repetido la negativa de Fomento aunque en ninguna de sus providencias ha argumentado su rechazo. El representante del armador cree que este empecinamiento resulta "inexplicable" e "injusto" y provoca "indefensión" a su cliente. En su escrito también apunta a la responsabilidad del Gobierno por no reflotar ni en éste ni en siniestros similares como el del gallego O Bahía: "Es la única manera de conocer las verdaderas causas del hundimiento".