El juez investiga fallos en la construcción del 'Pepita Aurora'

La instrucción judicial sobre el naufragio del Nuevo Pepita Aurora sumará en los próximos días nuevas declaraciones. Por el naufragio de este barco de Barbate (Cádiz), en el que murieron ocho marineros, tendrán que comparecer en diferentes juzgados los buzos que inspeccionaron el buque y responsables del astillero que lo construyó. Sin embargo, ha denegado cualquier posibilidad de reflotar el pesquero que sigue hundido a 29 metros de profundidad. Para las viudas y para el armador, hasta ahora único imputado, el reflotamiento es la única posibilidad de que se conozca realmente lo que ocurrió.

El Nuevo Pepita Aurora, que volcó a su regreso de Marruecos el 5 de septiembre de 2007, se terminó de hundir cuando era remolcado hacia la costa de Tarifa en las horas posteriores al naufragio. Llegó a estar a 137 metros de profundidad pero pudo ser llevado más cerca de la costa, a 0,8 millas, con una profundidad de 29 metros. El mar devolvió cinco cuerpos pero otros tres siguen desaparecidos desde entonces.

Para las viudas y el armador, reflotar el barco es lo que desvelará lo ocurrido

Jesús Gómez, el abogado de José Vega, patrón y armador, hasta ahora único imputado, ha sido el que más ha insistido. La última, el pasado mes de julio, reclamó el reflotamiento del barco. Es una petición compartida por las mujeres de los fallecidos, los supervivientes y los pescadores. En su último requerimiento al juzgado, el letrado insistía en que la única manera de acreditar la verdadera estabilidad del pesquero es sacándolo a flote y analizándolo en tierra. Recuerda que el libro de estabilidad, en el que se han basado los informes sobre el naufragio, refleja unos parámetros de referencia pero que no tienen por qué coincidir con la realidad. Sólo un estudio detallado del barco permitiría descubrirlo.

El abogado está dispuesto a presentar presupuestos exactos de lo que costaría la operación pero calcula que, al estar en una zona cercana y próxima a la costa, no debía suponer más de 400.000 euros. El Ministerio de Fomento negó en su día la posibilidad de reflotarlo por su precio excesivo y su dudosa eficacia. El juez, hasta ahora, ha repetido la negativa de Fomento aunque en ninguna de sus providencias ha argumentado su rechazo. El representante del armador cree que este empecinamiento resulta "inexplicable e injusto" y provoca "indefensión" a su cliente.

En su escrito también apunta a la responsabilidad del Gobierno por no reflotar ni en este ni en siniestros similares como el del gallego O Bahía. "Es la única manera de conocer las causas del hundimiento y de encontrar a los verdaderos responsables", además de comprobar si en el interior quedó algún cuerpo.

El abogado también requirió la declaración, en calidad de imputados, del representante legal del astillero gallego Nodosa, donde se construyó el barco, y del ingeniero naval responsable del proyecto. El juez ha solicitado la declaración, pero en calidad de testigo, sólo de otro responsable del astillero. Será el 29 de octubre en Vigo. Antes declararán los buzos que inspeccionaron el barco durante las labores. La cita es la semana que viene en Alicante. Los letrados se han quejado de que las diferentes localizaciones de estas declaraciones perjudican los intereses económicos de sus clientes.