Dos de las cuatro asociaciones de jueces, la progresista Jueces para la Democracia (JpD) y la moderada Francisco de Vitoria (FdV), consideran que el proceso a Baltasar Garzón «tiene poco recorrido» o constituye «un abuso» del Supremo. Al contrario que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que considera «normal» el caso. El Foro Judicial Independiente (FJI) cree que su declaración como imputado «es una garantía». - Asociación Profesional de la Magistratura. «Lo vemos con total normalidad», aseguró el portavoz de la asociación mayoritaria y conservadora, Antonio García Martínez, que recordó que «cualquier magistrado» se podría encontrar en la situación que Garzón. «La querella fue admitida por razones evidentes» y esa decisión «estaba argumentada en términos razonables». «Luciano Varela [el instructor] es un gran magistrado; lo que haga lo hará convencido», aseguró. - Francisco de Vitoria. «La admisión de la querella me sorprendió», afirmó el portavoz, Marcelino Sexmero. «Las decisiones de Garzón fueron recurridas a la Sala de lo Penal y sus argumentos no fueron dolosos», señaló Sexmero. «La decisión sobre su competencia no parece, en ningún caso, constitutiva de prevaricación; confío en que se archive». - Jueces para la Democracia. Ignacio Espinosa, portavoz de la asociación progresista, aseguró que la admisión de la causa por el Supremo fue «un auténtico abuso que puede atentar contra la independencia judicial». «El caso puede actuar como una espada de Damocles sobre cualquier juez que afronte un caso polémico», añadió. Espinosa recordó que «varios magistrados de la Sala Penal compartían los argumentos de Garzón» y que algunos jueces de partidos judiciales en los que hay fosas comunes «se han inhibido a su favor al considerar también que él es el juez competente». - Foro Judicial Independiente. «Que se tome declaración a alguien como imputado no tiene que suponer un desprestigio, sino una garantía», aseguró Conrado Gallardo. «Cuando el proceso se sostiene sólo en la acusación particular o popular, puede responder a venganzas o razones que no tienen nada que ver con el Derecho Penal. Que el fiscal no apoye la causa le quita solidez».
