López y Chaves acercan, tras 30 años, el traspaso de las políticas de empleo
El pacto salva el escollo histórico de la caja única de la Seguridad Social
Los Gobiernos vasco y central anunciarán el lunes la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para el mes de octubre, en la que cerrarán y formalizarán el acuerdo para el traspaso a la comunidad autónoma de las competencias en políticas activas de empleo, dentro de plazo para que se incluyan en el proyecto de ley de presupuestos del próximo año.
Será, previsiblemente, el principal fruto de la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración general del Estado y la comunidad autónoma, histórica en la medida en que será la primera que se celebra en once años. Y supone el principio del fin de un colapso prolongado por las posiciones maximalistas de los gobiernos de Ibarretxe en la mesa de negociación y la desconfianza provocada por sus iniciativas soberanistas, que el PNV comenzó a corregir hace un año, una vez fracasada la consulta del anterior lehendakari, al incluir la competencia de I+D+i en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado hace un año. El anterior traspaso se remonta a 1998, con José Antonio Ardanza al frente del Ejecutivo autonómico.
La valoración de la transferencia rondará los 300 millones de euros
El lehendakari Patxi López, fijó desde el principio de su mandato esta transferencia como la principal de sus reclamaciones en el desarrollo estatutario, por considerarla instrumento fundamental en plena crisis para la lucha contra el desempleo. Al encuentro, que tendrá lugar en lehendakaritza, asistirán el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves y el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gabriel Zarrías, mientras que por la parte vasca estarán los consejeros de Interior, Rodolfo Ares; Empleo, Gemma Zabaleta, y Vivienda e Infraestructuras, Iñaki Arriola.
La convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias será el síntoma inequívoco de la existencia de un preacuerdo suficiente en las materias pendientes de traspaso, o al menos en la de políticas activas de empleo, que tiene fecha fija comprometida: deberá estar en manos del Gobierno vasco el 1 de enero de 2010. Se cerrará así un contencioso arrastrado históricamente, que ha privado a la comunidad autónoma de una competencia que tienen transferida hace mucho tiempo todas las demás.
Las negociaciones anteriores encallaron siempre en las bonificaciones a la contratación a través de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social. Esta voluminosa partida se contabiliza en el Inem, pero quien la aporta es la Tesorería de la Seguridad Social. Hasta ahora el Gobierno vasco ha reclamado, en virtud del sistema de financiación del Concierto Económico y Cupo, el 6,24% de ese concepto. El desacuerdo de la Administración central con esa interpretación, que suponía a su juicio romper la caja única de la Seguridad Social, ha impedido un acuerdo que sí se dio con Navarra, que tiene también Convenio Económico y Cupo.
Las fuentes consultadas no especificaron la fórmula con la que se solventa esa discrepancia insalvable hasta ahora, y que se traducía en una gran diferencia en el montante económico de la transferencia. Finalmente, parece que rondará los 300 millones de euros.
Un preacuerdo " bien sudado"
La reunión de esta comisión bilateral sucede al trabajo de las comisiones sectoriales que ambos gobiernos formaron tras el primer encuentro de Chaves con López, el 21 de mayo, apenas dos semanas después de que el Gobierno socialista tomara posesión. En el importante acercamiento habido ya entre las dos administraciones, persisten aún "flecos" pendientes, según reconocieron ayer ambas partes a este periódico, pero el grueso de los obstáculos se ha removido ya. El preacuerdo que tienen perfilado está "bien sudado", señalaron fuentes del Ejecutivo de López. Permitirá a Euskadi, aseguraron, planificar y realizar con plena autonomía unas políticas de empleo propias y ajustadas a la realidad y necesidades del mercado laboral vasco, porque rompe con la rigidez en los programas que, en otras autonomías, dicta la Administración central. Y eliminará de un plumazo siete de las diez materias del apartado sociolaboral del listado de 37 transferencias pendientes aprobado por unanimidad en el Parlamento en 1995. En el nuevo Gobierno ha habido un cambio sustancial de filosofía negociadora. López ha optado por la política de los acuerdos parciales, antes que por el mantenimiento de la del "todo o nada" que atribuye a los equipos nacionalistas precedentes. Ésta habría venido privando a la comunidad autónoma de avances en el desarrollo estatutario y, como en el caso de la competencia en políticas activas de empleo, también de elevados recursos económicos. Con el agravante, en este último caso, de que la creación por el Ejecutivo de Ibarretxe de sus propios servicios de empleo, ha venido suponiendo una duplicidad en ese gasto para los contribuyentes vascos.
La ausencia de la reunión de interlocutores en materia de Justicia permite colegir que no se abordará la transferencia de prisiones, competencia que la Administración central sí traspasó a Cataluña, pero retiene en el caso vasco, por la relación de la política penitenciaria con la lucha antiterrorista. En su primera reunión en mayo, ambos gobiernos anunciaron para este otoño la recuperación de un convenio, que el anterior Gobierno vasco rescindió, para que la Administración autonómica vuelva a prestar los servicios docentes y sanitarios en los tres centros penitenciarios vascos.
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