El sector pide a Educación derogar la orden de EpC y volver al consenso

La continuidad del consejero Alejandro Font de Mora al frente de la cartera de Educación -ratificada por Francisco Camps en el "ajuste" de Gobierno operado la semana pasada- no augura buenos tiempos para la enseñanza pública, a tenor de las críticas vertidas ayer por UGT y la federación valenciana de padres de alumnos FAPA-Valencia. Guillermo Martí, secretario general de la federación de enseñanza del sindicato, considera que "el consejero está quemado y amortizado".

"Pasó de una primera etapa de consenso donde se alcanzó el acuerdo retributivo a una política de enfrentamiento abierto con toda la comunidad educativa, donde la ocurrencia se instaló como norma política", remató Martí en referencia explícita a la "obstinación" por mantener la obligatoriedad de traducir al inglés las clases de Educación para la Ciudadanía, que finalmente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha enterrado.

El paso previo al inicio de un curso -que "comienza con los mismos problemas con los que acabó el anterior"- consiste, pues, en un "cambio de rumbo" en la política y en la "derogación de la orden de Ciudadanía", si quiere normalizar las maltrechas relaciones con los agentes educativos del sector público.

Esta "ruptura" le ha otorgado la calificación del "peor consejero de los últimos 20 años" y un pesado lastre a sus espaldas: una multitudinaria manifestación el 29 de noviembre pasado con cerca de "80.000 personas" en Valencia y un "rotundo" éxito de la primera huelga general del sistema educativo público, secundada por el 70% del profesorado y 350.000 alumnos de todos los niveles educativos no universitarios, le recordó Martí.

Alejandro Font de Mora empieza el curso el 8 de septiembre, además, con una batería de "recursos" contra las oposiciones al cuerpo de inspectores o normas como la implantación de los Programas de Cualificación Profesional o la reducción del Bachillerato Tecnológico.

"Será un curso complicado, si no hay un cambio real que desbloquee la situación actual, y negocie los 13 puntos del Manifiesto en defensa de la enseñanza pública", que defienden los tres grandes sindicatos junto a CC OO y el STEPV, la confederación de FAPA, la entidad cultural Escola Valenciana y las asociaciones profesionales de directores de Primaria y Secundaria y los inspectores de Adide.

"Los 13 puntos están sobre la mesa, y sin respuesta". Entre ellos, que "en 13 años de PP, quedan pendientes de adecuar y construir 356 centros escolares, es decir, el 18,40% de la red pública". Una situación que deja un lastre por el camino: "el curso comenzará con 18.00 alumnos en cerca de 900 barracones" y un índice de "fracaso escolar descontrolado" del 35,9%, "el segundo por la cola de todo el Estado".

En el mismo sentido, Gemma Piqué, presidenta de la confederación de padres, exigió "un cambio en la política educativa" y "la apertura de un proceso real de negociación y diálogo".