Volver a la crisis

Hace un año, los veraneantes retornaban a sus quehaceres ignorantes de la oleada de pánico financiero que iba a desatarse en pocos días. Por aquel tiempo, la carestía del petróleo se veía como la mayor amenaza para el crecimiento (alcanzó 147 dólares por barril) y aunque ya se habían observado los primeros síntomas de crisis bancaria, la economía parecía capaz de aguantar. De repente, el banco estadounidense Lehman Brothers confesó que tenía montones de títulos tóxicos en sus activos y dio en quiebra, mientras la primera compañía de seguros del planeta, AIG, avisaba de pérdidas monumentales y se evaporaba casi todo su valor en bolsa.

Esto sucedió en septiembre de 2008. A partir de ahí, la paralización mundial de los préstamos bancarios, el miedo general y la necesidad imperiosa de desplegar pararrayos por parte de gobiernos neoconservadores o liberales, que nunca habían pensado en recurrir a intervenciones públicas masivas y cuasi socialistas para salvar a grandes entidades. En España, el cerrojazo general al crédito y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria comenzó a enviar a cientos de miles de trabajadores camino del calvario.

Zapatero prepara el terreno para los cambios de impuestos en los Presupuestos de 2010

Toda esta sucinta película de hechos viene a la memoria en el momento en que el Gobierno de Zapatero anuncia un segundo plan de estímulo de 6.000 millones de euros y uno de sus ministros cuenta, "a título personal", que los impuestos deben subir. Desde luego, no parece fácil cargar ese plan sólo a nuevos endeudamientos, con un déficit público estimado en torno al 10% del PIB. Francia, a su vez, proyecta captar entre 10.000 y 20.000 millones de euros de los ciudadanos por medio de un "empréstito nacional" destinado a financiar cuatro nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad, las obras del Gran París y una serie de inversiones en biotecnología y electrónica. Hábilmente, Nicolas Sarkozy pretende organizarlo implicando a un plural equipo de asesores, dirigido por los ex primeros ministros Michel Rocard (socialista) y Alain Juppé (gaullista). El caso es trasladar el mensaje de que está haciendo cuanto puede para que la máquina no se pare.

Más incierta es la vía que escoja Alemania, la economía más importante de la UE y uno de los primeros socios comerciales de España, que va a protagonizar el otoño a cuenta de su cita con la historia. Primero, por las elecciones convocadas para septiembre; después, por las celebraciones del vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín, sin la cual hubiera sido imposible la reunificación. La pregunta es: ¿cómo influirá en el resto de Europa? Desde la introducción del euro en 1999 -era la época del canciller Helmut Kohl- ese país no aporta nada de especial significación al continente, salvo un apoyo claro a la extensión de la UE por el este. Es verdad que con un presupuesto comunitario tan corto como el existente -sólo el 1,28% del PIB europeo-, las redistribuciones posibles entre países son pequeñas y Alemania se ha mostrado reticente a soltar más dinero por los demás. La canciller democristiana Angela Merkel, prudente y poco amiga de gesticulaciones, acude a las elecciones en posición de favorita: según los sondeos, está en condiciones de repetir y podría escoger la coalición más conveniente para ella, bien repitiendo la experiencia con los socialdemócratas, cuya campaña se centra en la creación de empleo, o bien apoyándose en el Partido Liberal, adversario de las subidas de impuestos. Una incógnita que interesa despejar.

¿Y en España? El escándalo y el levantamiento de escudos políticos por doquier son la respuesta a cualquier iniciativa gubernamental. El PP se opone frontalmente al alza de impuestos y asistimos a una sucesión de quejas por las medidas anteriores y la sensación de improvisación que da el Ejecutivo. Tras las subidas de la carga tributaria sobre el tabaco y los combustibles, y las señales de que la deducción por vivienda camina hacia una severa limitación, Zapatero prepara el terreno para los cambios de impuestos en los Presupuestos de 2010, con los que se intentará compensar el desbocado déficit público. Pero esa táctica de ir soltándolo en píldoras no parece la más adecuada para tratar una crisis tan profunda, que hace de España el país con el récord de parados en proporción a su población, entre los 27 de la UE.

La afición de los ministros a opinar de lo divino y lo humano tampoco ayuda a restablecer la confianza. No sólo el responsable de Fomento es el que anuncia una posible elevación de los impuestos, sino que el de Trabajo se dedica a lanzar ácidas críticas contra los bancos, por no reconocerse culpables de la crisis inmobiliaria. Los ministros no son técnicos que deban permanecer acantonados en sus parcelas (el de Fomento es nada menos que el número dos del PSOE), pero daría mucha mayor sensación de orden y concierto si se les viera trabajando en lo suyo, rodeados de los mejores asesores y buscando consensos hasta en el infierno, en vez de alancear a enemigos. De momento seguimos a la espera de lo que ocurra con la ayuda a parados que han superado los dos años de desempleo. Por cierto, flaco favor se ha hecho a una decisión tomada con tanta urgencia, interrumpiendo las vacaciones del Gobierno, cuando a la misma reunión ministerial se le adosó atropelladamente el decreto ley que permite el pago por los servicios de televisión digital terrestre, como si esto fuera también una medida imperiosa contra la crisis.

Los veraneantes de 2009 vuelven a casa tras una caída calamitosa de la actividad económica y sin que la élite política y otras "fuerzas vivas" se muestren suficientemente conscientes de que España es uno de los países europeos golpeados con mayor dureza por la recesión. Podría ser el tiempo de una operación verdad en la economía y de un compromiso serio contra el desempleo, madre de todos los desastres. Pero el clima político es tan detestable que, sin duda, la realidad continuará sorprendiéndonos.