Cultivos abandonados en decenas de PAI fallidos amenazan con arder

La crisis ha dejado la comunidad autónoma salpicada de proyectos urbanísticos fallidos. Unas veces por decisión o incapacidad empresarial: ¿quién quiere invertir y quién quiere financiar con un mercado saturado y una demanda a la baja? Otras, porque la falta de agua y de rigor en el planeamiento han eternizado su tramitación. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado una resaca imprevista y peligrosa. Un cordón de antiguos terrenos agrícolas en el borde de los núcleos urbanos. Donde debían ir urbanizaciones hay árboles y malas hierbas secándose al sol. Cada uno de ellos -y hay decenas- representa un riesgo de incendio.

Los propietarios ignoran masivamente las ordenanzas municipales para mantenerlos en buen estado: limpiarlos sale caro y la quema está prohibida. Los ayuntamientos desisten de adoptar medidas enérgicas. De la Generalitat no hay noticia. Y ya ha habido fuegos.

El fenómeno del abandono, agigantado por el desplome de los precios de los cítricos, es, sin embargo, general. A principios de verano, se registró un incendio en un campo abandonado de Tavernes de Valldigna (La Safor), donde el proceso de recalificación urbanística iniciado en 2004 -y que no ha concluido- afecta a ya cinco millones de metros cuadrados. Una enorme superficie que linda con los edificios de apartamentos de segunda línea de playa.

"Es un asunto serio por los incendios y también porque son un nido de ratas, de animales muertos y de basura. Es una cuestión de salud pública", sostiene tajante Jordi Juan Huguet, concejal del Bloc de Tavernes, que ha pedido al Gobierno local del PP que obligue a las promotoras a limpiar los terrenos.

En la primera semana de agosto se desató otro fuego al sur de la Pobla de Vallbona (Camp de Tùria), en una zona donde solían crecer naranjos y cebollas y que ahora integra la larga lista de los PAI (Programas de Acción Integrada, la polémica fórmula urbanizadora valenciana) empantanados.

Federico Gómez Pardo, un veraneante de Girona, ha relatado el impacto que le produjo encontrar grandes extensiones de naranjos dejados a su suerte en la comarca de La Ribera Alta, y el peligro que ello entrañaba."No fue grave porque no alcanzó a ninguna vivienda. Pero con un incendio nunca se sabe, sobre todo si hay poniente como aquel día", cuenta Jaume Cortina, edil oposición socialista.

"Ha habido decenas de incendios rurales en campos abandonados", señala una portavoz de la Consejería de Gobernación, "pero no tenemos un balance. A nosotros sólo nos llegan los más serios. Si no, se nos colapsarían los buscas".

Durante el boom del ladrillo el abandono se vio agravado por la fuerza del rumor y por un efecto indeseado de la normativa fiscal, afirma Ferran Gregori, encargado de Ordenación del Territorio en La Unió de Llauradors. "Al vender una finca se paga una plusvalía por haber desarrollado actividades agrícolas. Pero a los cinco años del cese de actividad ese sobrecargo expira.

En cuanto en un pueblo aparecía el rumor de que se iba a hacer un PAI, había muchos que cortaban los árboles para ahorrárselo. Yo creo que tendría que ser al revés y primar el mantenimiento de la actividad". Según Gregori, cerca del 50% de los cultivos de la franja costera de Castellón han sido abandonados. Y en las poblaciones donde la fiebre del ladrillo fue alta, como Moncofa o Xilxes, la pérdida se eleva al "60% o 70%".

"Los naranjos se defienden durante un tiempo. Algunos rebrotan. Pero si la cosa sigue así dentro de dos o tres años esto será un incendio global o un cementerio", opina el responsable de La Unió.

¿Quién está anticipándose a ese escenario? Todo indica que nadie. La Consejería de Gobernación ha tenido reuniones con las organizaciones agrarias para mentalizar a sus afiliados de la importancia de mantener limpios los campos. Y existe una línea de ayudas de las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente para poda y limpieza, pero sólo para aquellos propietarios de parcelas cercanas a parques naturales. Así que el peso de la prevención, o mejor dicho su ausencia, recae en los ayuntamientos.

Es habitual, afirma Francesc Signes, portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes valencianas y ex alcalde de L'Alcúdia, que en primavera el Consistorio envíe notificaciones a los propietarios recordándoles su deber de conservación. Y también es habitual que los propietarios hagan caso omiso. "Los ayuntamientos tienen que ser valientes y adoptar medidas contundentes, como encargarse de la limpieza y pasar la factura a los dueños", dice Signes.

Un propósito más difícil de lo que parece, como saben en Potries, un muy pequeño municipio (tiene menos de mil habitantes) próximo a Gandia. El equipo municipal, del Bloc, prepara una ordenanza para obligar a los propietarios a mantener los terrenos en buen estado. Entre otras cosas, porque las zarzas invaden las parcelas vecinas, multiplicando el coste de la poda, explica Mari Carme Almunia, edil de Cultura y alcaldesa en funciones.

El paso del Ayuntamiento de Potries ha levantado quejas. Un malestar que Ferran Gregori comprende. "Nosotros somos partidarios de que los campos abandonados se limpien. Pero hacer recaer esa obligación únicamente sobre los agricultores es complicado. No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando lo que está abandonado es una fábrica o una casa, que también representan un peligro. Cuando un agricultor deja perder un campo es porque ya no le salía rentable. Y si poda, ¿qué hace luego con los restos?, porque está prohibido quemarlos. La única solución es contratar máquinas trituradoras, y son caras".

La Unió estima que el cortado, triturado y transporte de la leña que resulta demasiado grande para ser molida cuesta unos 1.000 euros por hectárea. Un coste respetable para alguien que ha abandonado el cultivo por la crisis del sector.

Así las cosas cuenta Gregori que hace unos días recibió la llamada de un propietario de Potries preocupado por la futura ordenanza: "Me dijo: '¿Y yo qué tengo que hacer? Pues podo y dejo las ramas amontonadas en los márgenes del campo'. O sea, un polvorín".

El técnico de La Unió opina que los agricultores deberían recibir ayudas para seguir siéndolo (aunque sólo sea para proteger el paisaje) y para limpiarlos en caso de cese de actividad. Los ayuntamientos (al menos el de Potries, cuyo presupuesto va más que justo) afirman que no tienen capacidad para prestarla. Y la Generalitat no parece haberse parado a pensar en ello.