Guipúzcoa ve "prepotente" la reacción de Asuntos Sociales a la ayuda para familias

Aunque las declaraciones dejaban entrever que lo mejor tal vez sea poner un punto final a la discordia entre Gobierno vasco (PSE) y la Diputación de Guipúzcoa (PNV-Hamaikabat, escindidos de EA) en torno a la nueva ayuda para familias y personas en situación de pobreza que no pueden optar a la renta básica para el territorio, el desencuentro tuvo su prolongación ayer, tras tildar el ente foral de "prepotente" la reacción del Departamento de Asuntos Sociales. La consejera Gemma Zabaleta, que comparecerá hoy ante los medios, se limitó a explicar desde Madrid que su departamento está obligado a defender "los intereses de todos los ciudadanos de Euskadi por igual".

Aunque todos afirman defender la igualdad de trato a toda la ciudadanía, evitando desigualdades entre territorios, la discrepancia radica en cómo se resuelven estas asímetrias. El Ejecutivo, que abrió la polémica el martes, sostiene que la ayuda "rompe el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos", previsto en la Ley de Garantías de Ingresos y para la Inclusión Social de 2008, al introducir de forma unilateral "un claro elemento que desequilibrio territorial", y que todo debería haber pasado por la Comisión Interinstitucional para la Inclusión Social, que reúne al Gobierno, las diputaciones y los Ayuntamientos; mientras que la diputación afirmó ayer que la nueva prestación permite equilibrar la situación, "ya que Guipúzcoa, a diferencia de Álava y Vizcaya, no contaba con una ayuda de esta naturaleza". También recalcó que la creación de las mismas respondió a una petición de las Juntas Generales, apoyada por el PSE guipuzcoano.

El decreto foral que dio a luz a la prestación de la discordia "tenía que haberse trasladado antes a la Comisión Interinstitucional", recalcaron los socialistas guipuzcoanos en un comunicado, respaldando así la posición inicial de Asuntos Sociales. Si bien apoyaron la moción presentada por Aralar en enero de 2008 que instaba al ente foral a crear la prestación, recalcaron, ésta fue aprobada antes de que el Parlamento vasco aprobase en diciembre de 2008 la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que aboga por "garantizar la igualdad de trato a la ciudadanía" con sistemas "homogéneos".

Por otra parte, Zabaleta defendió, tras acudir a una reunión en Madrid con el ministerio de Trabajo, que el Gobierno central y las autonomías deberían "reflexionar" sobre la ayuda de 420 euros para parados para aplicarla de la manera "más eficaz posible", evitando así duplicidades.