Terapia para los hijos indomables

El menor siente rechazo hacia sus padres, y ellos, culpabilidad por haberlo denunciado. Así se enfrentan normalmente ambas partes al creciente fenómeno del maltrato en el ámbito familiar por parte de los hijos hacia sus progenitores. Una vez que toca fondo y no hay más salida que la denuncia empieza un camino que, según los expertos, se logra "reconducir" en la mayoría de los casos en que los menores pasan por los denominados pisos de convivencia. "No vale para cualquiera", aclaran, pero es un recurso de medio abierto que se ha convertido en uno de los principales "logros" de la Ley del Menor. El problema, advierte el ministerio fiscal en Andalucía, es que están "saturados".

Ya alertó el Defensor del Pueblo de este fenómeno. No se trata de una conducta aislada ni se puede encasillar en un nivel económico, social y educativo bajo. "Ha habido un aumento en menores que podríamos decir son de clase media y media alta", explica el director de uno de estos grupos. En Andalucía hay 13 pisos o residencias de grupo educativo de convivencia, que es la denominación que da la Consejería de Justicia y Administración. Ocho menores conviven en cada uno de ellos, tutelados siempre por un profesional. Su edad media es de entre 16 y 17 años.

"Han aumentado los maltratadores menores de clase media y media alta"

La fiscalía advierte de que estas casas de convivencia están saturadas

En turnos de ocho horas, hasta diez profesionales por residencia trabajan con ellos. "Es lo que permite este sistema, es más costoso, pero más satisfactorio. El contacto es muy fuerte", explica el jefe de servicio de medidas de medio abierto y reinserción de la consejería, Isidoro Beneroso. Obviamente a ninguno de los menores le gusta levantarse una mañana en uno de esos pisos y vivir junto a otros chicos y un educador. "Hay un proceso de observación mutua cuando llegan", relata Antonio Jesús Guerrero, psicólogo y director del grupo de Almería, pero luego el día a día "normaliza" la convivencia.

La estancia, acordada por un juez, es de al menos nueve meses y se puede prolongar hasta el año y medio. Son pisos, viviendas pareadas o independientes. Estas últimas son las que prefieren los especialistas porque logran menos reticencias de los vecinos a los que suele "incomodar" su presencia. "No son como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, son más a largo plazo", explica Beneroso. En la comunidad el aumento de medidas de grupo de convivencia está próximo a triplicarse en cinco años: de las 100 ejecutadas en 2005 a las 276 de 2008. En el primer cuatrimestre del presente año son ya 164.

En estos centros, divididos por sexos (nueve de régimen masculino con 72 plazas y cuatro para chicas con 32), se desarrollan actividades escolares para su formación académica y otras dirigidas a adquirir habilidades laborales y ocupacionales. Además, "se trabaja muy bien el tema de la violencia, el control de impulsos, dominar la propia personalidad, las frustraciones...", agregan los especialistas. Se establecen horarios y se reorienta su proceso de socialización para, dentro de un ambiente normalizado, generar recursos que le hagan superar la conflictividad eventual y el retorno al hogar familiar sea exitoso.

Los malos tratos están en el origen de gran parte de los menores que cumplen este tipo de medida. "Muchos han sido víctima de ellos en su infancia o sufrieron el rechazo de sus progenitores". De ahí la importancia de estos pisos que les confieren un contexto de seguridad, protección y afecto. "Primero se tienen que responsabilizar de sus actos", explica Guerrero para quien "compensa" sin duda el esfuerzo de esta labor. Es un trabajo vocacional, evidentemente, que requiere la capacidad suficiente para tratar de no llevárselo a casa, aunque a veces reconoce que es "imposible" no implicarse demasiado.