"Me encontré a familias maltratadas"

Seis años después de la tragedia, casi cuatro tras el trance de desenterrar los cuerpos sobre los que habían llorado para comprobar que su duda era cierta, que no eran los de sus maridos, hijos, hermanos, padres... sino los de otro; tres jueces, dos archivos y cuatro ministros de Defensa después, las familias de las víctimas del Yak-42 obtuvieron el pasado 19 de mayo una sentencia contra los responsables de aquella dolorosa chapuza. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez condenó a tres militares que, en el mejor de los casos habían dedicado menos de siete minutos por cadáver a identificar a las víctimas, a pagar por ello penas de hasta tres años de prisión.

"La sentencia es un triunfo", explica el abogado de las familias, Leopoldo Gay. "Sabe a poco porque la justicia no llevó a la sala a los protagonistas, a quienes gestionaron todo aquello: Aznar, Trillo, Javier Jiménez Ugarte -que escribía cartas intimidatorias a los padres de las víctimas cuando manifestaron dudas sobre las identificaciones-, pero es un triunfo porque pese a todo, la verdad se ha desparramado por la sala".

"Hay enemigos de los que presumir y pequeñas victorias que valen un triunfo"

Cuando Gay recibió en su despacho a dos hombres rotos, los hermanos del comandante José Manuel Ripollés, hace seis años, supo que iba a ser un caso difícil. "Me encontré a unas familias maltratadas y el maltratador era una institución como las fuerzas armadas amparada por un Gobierno. Sabíamos que aquel caso nos colocaba en el disparadero, que asumíamos un gran riesgo, pero no lo dudamos. Un caso como el del Yak justifica la profesión". Entonces no imaginaba cuántas veces tendría que sentarse con las familias para "explicarles lo inexplicable" después de cada portazo judicial.

"Eduardo Fungairiño, entonces fiscal jefe de la Audiencia, dijo que allí no había delito antes incluso de que nuestra denuncia se repartiera en los juzgados. Dos jueces, Teresa Palacios y Fernando Grande Marlaska, archivaron el caso. La última vez, con unas palabras que dolieron mucho a las familias, a las que dijeron que la muerte de los suyos era algo 'inane, inocuo e intrascendente'. Incluso cuando nos hicimos con el acta turca en la que queda patente que había 30 cuerpos mal identificados -la que finamente ha servido para condenar a tres militares por falsedad documental- , la juez Palacios pidió el archivo".

El caso Yak-42 se convirtió en paradigma de todo lo que rodea a la justicia sin tener nada que ver con ella. Los jueces instructores no llamaron a los familiares a declarar. Tampoco a los que entonces daban las órdenes a los militares que finalmente han sido condenados. "No hay una sola prueba que no hayamos llevado nosotros", explica Gay. Fueron las familias las que se hicieron con el acta turca y las que trajeron a Madrid a los forenses de Turquía que habían intervenido en las identificaciones con la esperanza de que en el juicio oral, Bermúdez, accediera a escucharles por fin.

"Ése fue el día más feliz del juicio. Las familias aplaudieron y el juez las reprendió. El fiscal nos ayudó mucho", recuerda Gay. En esa misma jornada también se produjo "el momento más tenso" cuando Bermúdez expulsó de la sala a Francisco Cardona por llamar "impresentable" al abogado del general Navarro. "Empezó a hablar de un cadáver sin cabeza. A Cardona le habían dicho que habían identificado a su hijo por los rasgos faciales y luego se demostró que había sido decapitado. Por eso se enfadó tanto. En cuanto se lo expliqué al juez salió corriendo a buscarle".

Por todo esto, Gay mantiene hoy que hay "enemigos de los que se puede presumir", multas que se pagan con orgullo -como la que le impusieron a su despacho, Gay-Vendrell, por hablar de "afrenta moral" en un escrito tras el segundo portazo judicial- y pequeñas victorias, como la condena al general Navarro y los comandantes José Ramírez y Miguel Sáez, que merecen celebrarse como un triunfo.

Aunque no están totalmente satisfechos. "Las familias no entienden cómo la justicia ha sido tan restrictiva. Sólo se ha juzgado a tres militares por falsear un documento público; se le ha hurtado al juicio como prueba la declaración de los protagonistas. Las familias se preguntan por qué. Yo también me lo pregunto y creo que es lo que debe preguntarse un Estado de derecho". Su batalla continúa en el Tribunal Supremo.