'Spam' urbanístico y terceros confusos

Las últimas 8.252 quejas y peticiones ciudadanas al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU), pendiente del visto bueno de la Junta para su entrada en vigor, pueden parecer a simple vista un cajón de sastre. Sin embargo, un repaso detallado muestra cómo muchas reivindicaciones se repiten como si fueran spam (correo electrónico basura) urbanístico,  casi siempre por asuntos que la oposición socialista ha tomado como bandera, y se advierten numerosas exigencias de propietarios de viviendas ilegales que se apuntan al concepto "terceros de buena fe" para reclamar la exoneración total de cualquier responsabilidad derivada de su regularización.

A los redactores del PGOU les ha tocado resolver entuertos como éste, diciéndoles que el documento de ordenación urbanística "no califica" a los adquirientes de viviendas de terceros de buena fe, ya que no entra dentro de sus competencias. Entre los peticionarios hay príncipes, empresarios implicados en el caso Malaya, entidades tan conocidas como Fórum Filatélico, muchas asociaciones de vecinos y hasta seis concejales socialistas.

Un príncipe saudí pide que se legalice una parcela de su propiedad

La plaza de toros de Puerto Banús quiere salir del catálogo de bienes protegidos

- Realeza y solares municipales. El príncipe saudí Mishari Bin Saud Bin Abdulaziz, ha pedido que se le reconozca el uso residencial en una parcela de su propiedad, algo que han desestimando, de momento, mientras que la empresa Helicópteros Sanitarios ha reclamado que se cambie a helipuerto la calificación de los terrenos en los que tiene sus dependencias, y que está prevista para parques y jardines. Todo estaría dentro de la normalidad, de no ser porque el cambio no se puede dar, entre otras cosas, porque la parcela en la que ejerce la concesión administrativa es de titularidad municipal.

- Los platos rotos. La Comunidad de Propietarios Jardines de la Represa solicitó "modificaciones legales" para que "no paguen los platos rotos los propietarios" y no los conviertan en "cabeza de turco de la especulación urbanística". Los dueños de una parcela de Los Monteros Playa también pidieron que se contemple su exoneración "para evitar confusiones en las responsabilidades urbanísticas". Una de las propietarias sugiere que sean las administraciones públicas quienes asuman el coste de las viviendas ilegales, mientras que varios vecinos se interesan por las posibilidades de demolición de determinadas construcciones, como ocurre en la zona Parque Arroyo del Pozuelo, y muestran su interés para que ocurra. Los encargados de responder las alegaciones insisten en que no es competencia del documento la decisión sobre una demolición, como tampoco lo es "la previsión de un único cementerio".

- Edificios protegidos y spam. La catalogación de diversos edificios como construcciones protegidas por su especial valor arquitectónico también suma defensores y detractores. Para el Casino Marbella es un problema, porque le impide hacer una ampliación del edificio principal, igual que para la plaza de toros de Puerto Banús. La empresa propietaria ha pedido salir del inventario de Bienes Reconocibles del Patrimonio Histórico Andaluz. Sin embargo, se ha recibido una verdadera avalancha de peticiones para que se incluya en el catálogo de elementos protegidos todos los viejos almacenes (sobre todo el restaurante El Relicario) y el resto de edificios del barrio El Ingenio, en el núcleo marbellí de San Pedro, algo que el Consistorio tendrá en cuenta.

- Convenios e implicados. Varias promotoras implicadas en el caso Malaya contra la corrupción en Marbella han reclamado con escaso éxito que se les respete las condiciones del suelo que acordaron por convenio con el Grupo Independiente Liberal (GIL). Ocurre con Naviro Inmobiliaria 2000 SL, propiedad del empresario José Ávila Rojas, o Yambali 2000 SL.

Esta última pide que le permitan materializar una licencia de obras concedida para 144 viviendas en una zona calificada en el PGOU de 1986 como parques y jardines públicos. Construcciones Salamanca SL, también vinculada a la trama de corrupción marbellí, se muestra disconforme con la calificación de una parcela en Nueva Andalucía "por incumplimiento de convenio urbanístico" firmado en mayo de 2004, época en la que Marisol Yagüe era alcaldesa de Marbella.