El PSOE tacha de "fanática" la ley de ayuda a las gestantes

La diputada autonómica y portavoz de Igualdade del PSdeG, Laura Seara, criticó duramente ayer la tramitación de la ley de apoyo a las mujeres embarazadas, de la que denunció que intenta "camuflar posturas fanáticas y ultraconservadoras". Esta norma, impulsada a través de una iniciativa popular promovida por colectivos antiabortistas, fue admitida a trámite en el legislativo el pasado mayo gracias a los votos del PP, que estrenaba así su recién recuperada mayoría absoluta en la Cámara. Ahora, El PSdeG censura las enmiendas del PP al texto inicial que, según Seara, supondrán financiar con dinero público a organizaciones "de ultraderecha".

Los ajustes del texto original que ahora propone el Partido Popular no gustan en el PSdeG, que centra sus críticas en la redacción propuesta para el artículo 5. En él se prevé, en relación a medidas alternativas a la interrupción del embarazo, a "concertar" trabajos de "información, apoyo y asistencia" a mujeres embarazadas con "entidades privadas sin ánimo de lucro" que se dediquen a esas materias. Esta alusión se refiere precisamente, según Seara, a las asociaciones que impulsaron la ley.

Para la diputada socialista "no es necesaria" una red específica como la que propone la iniciativa, de la que señaló que, en todo caso, debería ser gestionada por el sistema público de salud y la ya existente red de asesoramiento e información a la mujer. "Es un retroceso total en la prestación de servicios y un retroceso en la concepción de los derechos", argumentó.

La ley en cuestión llegó al Parlamento a través de una iniciativa respaldada por organizaciones vinculadas al Foro Español de la Familia, una confederación que se presenta como no confesional pero a la que están adheridas agrupaciones religiosas como la Asociación Católica de Propagandistas y varios colectivos de los llamados pro-vida.

Iniciativa estatal

El foro de la familia promueve leyes como esta por toda España, mediante la recogida de firmas para llevar iniciativas legislativas a los parlamentos de las comunidades autónomas. En Castilla y León y en la Comunidad Valenciana ya se han aprobado sendas leyes sobre la materia, que en el caso valenciano son especialmente contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo, que ni siquiera menciona en su articulado.