La Xunta seguirá autorizando granjas marinas pese al fallo del Superior

A la semana de tomar posesión, el pasado 26 de abril, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula, por un defecto de procedimeinto, la modificación que el bipartito efectuó sobre el plan acuícola de la Xunta de Fraga. Al menos, así lo aseguró ayer la conselleira do Mar, Rosa Quintana, un día después de declarar a la prensa que había sido ya la coalición PSdeG-BNG quien lo había hecho "el 17 de marzo". El fallo, datado en enero de este año pero conocido en su integridad el pasado fin de semana, responde a un recurso presentado por una filial de Pescanova. Además de anular el documento acuícola del bipartito, la sentencia apunta en sus fundamentos jurídicos que el anterior plan, aprobado en 2005 por la Xunta de Manuel Fraga, cuando ya se encontraba en funciones, incumplía normativas medioambientales comunitarias, estatales y autonómicas.

La Xunta asegura que recurrió el fallo del Superior el pasado 26 de abril

Para el PSdeG, "la conselleira sufre esquizofrenia y no sabe lo que quiere"

Pero el actual Gobierno del PP, anunció Quintana ayer en A Coruña, no esperará a que falle el Tribunal Supremo, "lo que puede tardar años", para intentar "sacar adelante" los proyectos de piscifactorías previstos y "rescatar lo positivo" de los dos cuestionados programas. Su departamento ya está trabajando, a pesar de que la sentencia del Superior lleva fecha del 22 de enero, en buscar una fórmula que "dé estabilidad jurídica en el menor tiempo posible a las inversiones" del sector acuícola. El domingo, la conselleira citó que esa inestabilidad afecta a al menos 22 proyectos de granjas marinas.

Aunque la Consellería de Pesca considera que el fallo del alto tribunal gallego pone en peligro los proyectos del plan diseñado y aprobado en 2008 por la Xunta bipartita, Quintana aseguró que su departamento seguirá tramitando y autorizando las ampliaciones de granjas marinas ya existentes (hay 13 previstas). "Y buscaremos una solución para los otros proyectos" de construcción de nuevas piscifacorías. El "único problema", según la conselleira, reside en "encajar" los proyectos del plan del Gobierno de Fraga en el marco jurídico actual "respetando todos los impactos ambientales", al contrario de lo que hizo en 2005 el anterior Ejecutivo del PP, como le recrimina en su fallo el Tribunal Superior.

De momento, la Consellería do Mar buscará esas soluciones a partir del plan vigente de socialistas y nacionalistas, que el departamento de Quintana defiende implíctamente al recurrir la sentencia del Tribunal Superior. Para la diputada del PSdeG, Marisol Soneira, "la conselleira se encuentra en una esquizofrenia tal que ya no sabe qué plan quiere y cuál no quiere, y no puede ser que la primera potencia acuícola de Europa no tenga un plan para el sector". Según la portavoz socialista de pesca, "lo único que la conselleira es capaz de decir en público es que la Xunta va a indemnizar a Pescanova, pese a que el Superior niega tal posibilidad".

Los socialistas, al igual que la asociación ecologista Adega, se agarran a los fundamentos jurídicos de la sentencia para interpretar que Pescanova no recibirá compensación económica por la abortada factoría de cabo Touriñán, autorizada por la Xunta de Fraga y descartada por el bipartito. Dado que la demanda de la empresa parte de derechos adquiridos en el plan de 2005, "que el tribunal califica de ilegal", el secretario ejecutivo de Adega, Fins Eirexas, opina que Pescanova "no tiene ningún derecho a ser indemnizada". El recurso que, según la versión de ayer de la conselleira Quintana, presentó la Xunta de Feijóo el 26 de abril dificulta el cobro de compensación por parte de los demandantes.

Con todo, Quintana se mostró optimista para encontrar en tiempo récord fórmulas y trámites burocráticos que "llevan horas de trabajo, pero no días" para legalizar los proyectos de piscifactorías. Entre ellos figura el de la compañía PYAC, que aspira a construír una planta en la Costa da Morte, con inversión de 100 millones de euros y producción anual de 5.500 toneladas de rodaballo y lenguado. La responsable de Mar consideró que la intención de la Xunta de modificar la Lei de Ordenación do Territorio permitirá paliar los vacíos legales para llevar adelante el plan acuícola.