Tres detenidos por hacer casas en dos parques naturales
Los chalés están en las Salinas de Santa Pola y El Fondo
Sin licencia, en suelo urbanizable y dentro de la zona protegida de los parques naturales de Las Salinas de Santa Pola y el Hondo, tres particulares se pusieron manos a la obra y levantaron otros tantos chalés. Uno de ellos ya está terminado. Los tres han sido detenidos por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Los agentes acusan a los detenidos (dos hombres y una mujer, españoles) de delitos contra la ordenación del territorio y contra la flora y fauna. Las viviendas ocupaban una superficie de 110 metros cuadrados.
Uno de los chalés clandestinos está situado en el término de Elche, según ha admitido el Ayuntamiento, informa Cristina Medina. El departamento de Urbanismo ilicitano ya había abierto un expediente por infracción urbanística al propietario de la vivienda antes de su arresto por la Guardia Civil. Respecto a los otros dos, los municipios con término en ambos parques (Santa Pola, Crevillent y Catral) aseguraron ayer desconocer cualquier obra ilegal dentro los espacios protegidos.
Los agentes del Seprona comenzaron las investigaciones el pasado mes de junio al observar obras dentro de los mencionados espacios protegidos y detectar diversas irregularidades administrativas en la documentación aportada por los promotores de las viviendas. Tras recabar toda la documentación, la Guardia Civil procedió al arresto y puesta a disposición judicial de esas tres personas el pasado martes.
Las obras ilegales en el entorno de ambos parques naturales proliferaron de manera significativa entre finales de los noventa y principios de este siglo. El caso más llamativo fue el de la población de Catral, con 1.200 viviendas en plena huerta, medio centenar de ellas en el área de influencia del parque del Fondo. Estas edificaciones serán con toda probabilidad demolidas, una vez se cierre la investigación judicial en curso por estas masivas obras ilegales. Estos chalés ilegales propiciaron la creación de una plataforma cívica, La Coordinadora La Vega Baja no se Vende. La entidad responsabilizó al Consell del caos urbanístico por no elaborar un plan para proteger de las edificaciones la huerta de la comarca.
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