Los constructores de Derio desoyen la orden del Gobierno de parar las obras

Los constructores de los 200 chalés de Derio, ubicados en un solar con parcelas contaminadas, prosiguen con las obras pese a la paralización de las mismas decretada por el Departamento de Medio Ambiente el pasado 31 de julio. La consejería les abrió ese día un expediente sancionador por incumplir la Ley de Prevención de Contaminación, al no haber delimitado el área que está contaminada ni presentar un certificado de calidad del suelo como fija la normativa, en vigor desde 2005.

El expediente incoado imponía además como medida cautelar la "inmediata paralización" de las obras en la zona, "ante el reiterado incumplimiento [por los promotores] de la prohibición de ejecutar tales obras". Esta medida se extiende a todo el solar, salvo un 20% de los 124.000 metros cuadrados donde se han construido cerca de 60 chalés, área que Medio Ambiente estima que no está afectada por la contaminación, por lo que se les exime la declaración de calidad del suelo.

"No estamos incumpliendo nada", asegura uno de los constructores

Sin embargo, una veintena de trabajadores seguía ayer en el solar realizando diversas labores en el área donde Medio Ambiente ha paralizado cualquier obra. Este diario pudo comprobar cómo un dumper se movía trasladando materiales y operarios trabajaban en la zona que debía estar intacta, según la resolución de la consejería. "No estamos incumpliendo nada", afirmó ayer un responsable de la constructora Arco Atlántico -la principal promotora del plan urbanístico, al gestionar más de 150 viviendas-, quien no quiso realizar más comentarios hasta el próximo mes, "tras las vacaciones".

Las labores que se realizaban y el número de trabajadores eran similares a finales de junio, cuando EL PAÍS destapó este caso y no existía ningún tipo de prohibición administrativa de ejecución de los trabajos, aunque la consejería de Medio Ambiente ya había iniciado una investigación. El departamento ya vio incumplida una de sus resoluciones por parte de los promotores el pasado 16 de julio, cuando un técnico de la sociedad pública ambiental Ihobe comprobó que se estaban retirando tierras, lo que se había prohibido el 6 de julio. Algunos de los movimientos se realizaron en el lugar de las parcelas contaminadas. Varios vecinos pudieron tomar entonces fotografías de una excavadora trabajando en la zona.

Esta actuación viene reflejada en el expediente sancionador, que dice textualmente: "Con fecha 17 de julio de 2009, la viceconsejera de Medio Ambiente recordó formalmente a la citada asociación [los promotores de las viviendas] la prohibición de llevar a cabo obra alguna en el área de actuación", salvo con el permiso del departamento. Este incumplimiento agravó la tipificación de la infracción, que es la más alta prevista por dicha ley. Supone una posible multa de entre 240.000 y 1,2 millones de euros e incluso la clausura total o parcial de la actividad.

Las obras de los chalés se iniciaron en 2007 sin los permisos de Medio Ambiente y están prácticamente concluidas.