Medio Ambiente aprecia una falta muy grave en los 200 chalés de Derio

El Departamento de Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador por una falta muy grave a los promotores de casi 200 pisos y chalés en Derio por incumplir la ley de Prevención de Contaminación. El expediente abierto, el primero de este relieve al abrigo de esta normativa, en vigor desde 2005, confirma las irregularidades en este proyecto urbanístico, casi culminado y que se ha ejecutado en un solar con parcelas contaminadas.

La tipificación como falta muy grave, la más alta de las sanciones previstas por la ley y muy poco habitual en las aprobadas hasta ahora por Medio Ambiente, supone una posible multa de entre 240.000 y 1,2 millones de euros, así como la clausura -en este caso sería la anulación del proyecto- total o parcial de la actividad.

Los constructores se enfrentan a una multa de hasta 1,2 millones de euros

El expediente, dictado mediante una orden firmada el pasado 31 de julio por la consejera, Pilar Unzalu, recuerda que los promotores no han cumplido las exigencias del Gobierno de delimitar la zona contaminada y, como establece la ley, presentar un certificado de calidad del suelo. Medio Ambiente advirtió hasta cuatro veces -entre junio de 2007 y mayo de 2008- de que debían cumplir aquellos requisitos antes de ejecutar cualquier obra.

Sin embargo, los promotores -el mayoritario es la constructora Arco Atlántico, que gestiona más de 150 viviendas- iniciaron las obras en 2007 sin cumplir los requerimientos de Medio Ambiente y con el aval del Ayuntamiento de Derio, en manos del PNV. El consistorio concedió ya en septiembre de 2006 los primeros permisos de obras, que se sucedieron en 2007 y 2008.

El expediente abierto, que va relatando estos hechos, constata que el solar, de 124.000 metros cuadrados, "presenta edificios prácticamente acabados, viales de la urbanización ya construidos y acopios de tierra dentro y fuera de la zona del vertedero [contaminado] sin delimitar totalmente su extensión y profundidad". De las 200 viviendas, la gran mayoría chalés, unas 40 ya se hallan casi terminadas -varias familias residen en la urbanización desde hace meses, pese a que no disponían de la licencia de habitabilidad- y un centenar en una fase avanzada.

El Ejecutivo señala que el pasado 6 de julio requirió a los promotores para que cumpliesen la ley -les planteó un ultimátum para que aportasen toda la documentación en 15 días- y no prosiguiesen las obras hasta delimitar la zona contaminada. Sin embargo, el pasado 16 de julio, un técnico de la sociedad pública ambiental Ihobe comprobó que se estaban retirando tierras, con lo que se incumplía el ultimátum del Ejecutivo, lo que ha agravado las irregularidades cometidas. El expediente señala que, tras ese episodio, se recordó "formalmente" a los promotores la "prohibición de llevar a cabo obra alguna" en el solar, salvo con el permiso de Medio Ambiente. La consejería ha autorizado que los trabajos prosigan en un área que ocupan unos 60 chalés, que se considera no está afectada por la contaminación.

Medio Ambiente aprecia una supuesta infracción del artículo 41.f de la ley de Prevención de la Contaminación por realizar obras "sin previa declaración de calidad del suelo", los que está tipificado como infracción muy grave. Impone además, como medida cautelar, la "inmediata paralización" de las obras en la zona "ante el reiterado incumplimiento [por los promotores] de la prohibición de ejecutar tales obras".

La promotora Arco Atlántico, que no ha querido comentar el expediente incoado, y el Ayuntamiento de Derio han defendido hasta ahora la legalidad de las obras de las viviendas, con el argumento de que el certificado de calidad sólo se debía ceñir a las parcelas contaminadas inventariadas, cerca de 24.000 metros cuadrados. Medio Ambiente, como dice la ley, replica que el alcance de la contaminación se determina mediante el certificado de calidad y los estudios previos.

Propietarios de los chalés, que comenzaron a reunirse conjuntamente cuando EL PAÍS destapó el caso el pasado 27 de junio, dicen sentirse "engañados" porque nadie les informó de la existencia de parcelas contaminadas. Los contratos de compraventa de Arco Atlántico incluyen una cláusula que obliga los propietarios a no reclamar por la calidad del suelo.